Un tiempo desbordado. Esto es lo que provocó que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla considerara recientemente «prescritos», en un auto fechado el pasado 28 de octubre, «los presuntos delitos investigados» en la causa abierta once meses antes para «determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad» que se desprendían de la concesión en 1999 por parte del Gobierno andaluz de un «préstamo puente» de hasta un máximo de 5,8 millones a la empresa Campocarne, heredera de la jiennense Hijos de Andrés Molina (Hamsa). Ese carpetazo se coló ayer en el volcado de asuntos publicados en el Boletín Oficial del Parlamento autonómico (BOPA), donde se incluyó la siguiente pregunta del portavoz del grupo de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández: «¿Piensa el Consejo de Gobierno estudiar si esta prescripción puede deberse a una labor obstativa o negligente de los anteriores ejecutivos de la Junta de Andalucía?» del PSOE-A. El interrogante se formula al presidente actual del Ejecutivo autonómico, Juanma Moreno, tras hacer alusión a la resolución de la Audiencia que frenó la actuación del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que arrancó el proceso, y con el propósito de obtener una respuesta oral en Pleno.

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que pidió al juzgado que armase la causa, al sospechar que «bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió» en realidad «disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar» a Campocarne, e indirectamente «a la empresa Primayor», lo que podría calificarse de forma inicial «como delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación», como ya informó LA RAZÓN. Se señaló en las actuaciones ya selladas al ex presidente andaluz Manuel Chaves y a cinco ex consejeros, entre ellos, Gaspar Zarrías.