Camino de los 50 entes instrumentales de la “Administración paralela” andaluza pulverizados

Los anteriores gobiernos socialistas diseñaron una red de consorcios y Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), integrantes de la bautizada como «Administración paralela» que acabó en los tribunales e intentaron estrangular con una poda que nunca terminaba de producirse. El actual Ejecutivo regional de PP y Cs se ha marcado el objetivo de suprimir 108 entidades susceptibles de eliminación por carecer de actividad o de personal. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de ayer reflejaba la prueba de que siguen en ello. Contenía un anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Sevilla, por el que se hacía pública «la liquidación, el reparto del haber resultante y la extinción del consorcio Utedlt de Alcalá del Río, La Algaba, Brenes, Burguillos, Cantillana, La Rinconada y Villaverde del Río».

Según se explica en el boletín, el Consejo Rector del ente «prestó conformidad» a la propuesta de la comisión liquidadora «celebrada el 30 de mayo de 2019», con un balance de situación «por un importe de activo igual al pasivo de 42.493,37 euros» y una relación de deudores y acreedores por un valor de «0 euros». Al término del 2020 que se escurre, el Gobierno autonómico ha dado por extinguidos casi 50 entes, 32 de ellos Utdlt, sin contar con la de Alcalá del Río. Al margen de esas entidades, se han pulverizado dos institutos, el Consorcio del Guadalquivir, cuatro fundaciones, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, la Asociación Granada Universiada de Invierno 2015, Santana Motor, dos sociedades, Sierra Cork y Promonevada. En el caso de la antigua Agencia de Defensa de la Competencia, ha pasado a denominarse Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía y ha cambiado su naturaleza jurídica, de forma que ya no es una agencia administrativa, sino una entidad de la Administración institucional.

A lo expuesto se suma que, en la actualidad se auditan 54 entidades de la órbita de la Junta que, según ésta, “aglutinan al 99% del personal contratado” y, por tanto, “representan el 99% del coste” en esa materia que suponen los entes instrumentales. Se prevé que los resultados de esos análisis estén listos a principios del año próximo, de 2021.