No habla como si boxeara con su interlocutor y mira de frente. Pero Alejandro Hernández (Madrid, 1964) ya sabe que, lo que dice, puede cobrar en ocasiones dimensiones titánicas.

–¿Es usted facha?

–No, en absoluto, sea cual sea el significado, que está lleno de connotaciones negativas. Defendemos la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno, la Constitución, aunque queramos modificarla, pero por los márgenes que marca ésta; el Estado de derecho, la separación de poderes y el imperio de la ley. No son cosas de fachas.

–¿Aprueba la gestión de la pandemia del Gobierno central?

–Con 60.000 muertos no podemos aprobar a nadie.

–¿Y la del Ejecutivo andaluz?

–Tampoco. Lo peor, sin duda, ha sido el autobombo, los esfuerzos y los recursos que se han destinado a la autojustificación y no a la lucha contra la pandemia. Ahora estamos en un afán de intentar culpar a la ciudadanía de la expansión descontralada de la covid y es grave, una forma de echar balones fuera, de que la Junta abdique de sus responsabilidades.

–Juamna Moreno ha asegurado que la legislatura durará cuatro años, ¿lo comparte?

–Nos gustaría, porque significaría que ha habido una cierta seriedad por parte del Gobierno y que se han hecho las cosas razonablemente, si no bien, de una manera honesta. Nosotros hemos demostrado que hemos jugado limpio desde un primer momento, que somos un partido responsable y que no ponemos en juego la gobernabilidad ni la estabilidad del Gobierno por un quítame ya esas pajas. Pero a veces tenemos la sensación de que apostamos más nosotros por la estabilidad del Ejecutivo que alguno de los socios de éste.

–¿Se refiere a Ciudadanos?

– Claro.

–¿Vox entraría en un próximo Ejecutivo autonómico?

–Es una cuestión que habrá que ver en su momento, ahora es algo que es difícil de determinar.

–Presumen de haber logrado medidas para combatir la ocupación, pero según el último barómetro del Centra, el «movimiento okupa» preocupa al 0,1% de los andaluces...

–Me remito a la hemeroteca. A lo mejor es un asunto que afecta a pocas personas, pero que se vean privadas de su vivienda o de inmuebles de los que obtener una renta que pueden incluso utilizar para su subsistencia es un fenómeno preocupante y además conlleva otra serie de cuestiones. Se manda el mensaje de que se puede incumplir la ley, de que cada uno puede hacer lo que le venga en gana, y es bastante negativo por sí mismo. Hay un movimiento delictivo organizado, mafias que controlan esas actuaciones. Se empieza por ahí y puede acabar en cualquier otra cosa, en pisos ocupados destinados a lo mejor al cultivo de hachís o al tráfico de drogas que hacen inviable la vida de los vecinos.

–Dicen que miles de inmigrantes ilegales tienen tarjeta sanitaria, ¿han visto alguna? ¿Tienen datos del Servicio Andaluz de Salud (SAS)?

–Lo dijo el presidente de la Junta, en primavera de 2019 a una pregunta nuestra contestó que había unos 30.000 o 32.000 inmigrantes ilegales que estaban recibiendo asistencia sanitaria y a día de hoy probablemente sean unos cuantos miles más. Una de nuestras reivindicaciones era que sus datos se pongan de alguna forma a disposición del Ministerio del Interior, que se creara un órgano de coordinación entre éste y la Junta para colaborar en la lucha contra la inmigración ilegal. A día de hoy lo que tenemos son buenas palabras. Se nos dice que no hay ninguna colaboración por parte del ministerio, eso puede dificultar la creación, pero la Junta tiene que ser más proactiva. Lo que no vale es que cuando aparecen los inmigrantes en Granada, en Málaga, en Sevilla... los delegados del Gobierno andaluz pongan el grito en el cielo, si no están haciendo nada para impedirlo.

–Han pactado con el Gobierno regional recortar 14 millones el Presupuesto de Canal Sur, pero parece ser que se lo inyectarán de fondos europeos...

–El Presupuesto se recorta, distinto es que haya proyectos concretos que se puedan financiar con cargo a fondos de la UE, por ejemplo la internacionalización del canal, la proyección a los países de Iberoamérica. Si hay dinero de la Unión Europea para financiar eso, en un momento dado podríamos contemplarlo de manera positiva, pero no es que el dinero que se recorte entre por otro sitio.

–¿Quieren cerrar el canal?

–No se ha negociado la pérdida de empleos, no hay despidos ni jubilaciones forzosas, lo que se haga se hará de forma negociada. Lo que tenemos suscrito en el pacto de investidura es la racionalización y el redimensionamiento de Canal Sur en función de criterios de eficacia. Tenemos un modelo de Estado deseablemente sin autonomías y en él no tendrían cabida las televisiones autonómicas, habría delegaciones territoriales de una televisión pública, pero no estamos empeñados en ningún tipo de batalla absurda. La huelga de los sindicatos no es contra Vox, sino contra los más de 600.000 andaluces que los han votado.

–Se dijo que gracias a Vox la Junta iba a obligar a colegiarse a los trabajadores contra la violencia de género, ¿se cumplió?

–Hay una serie de variables y una parte puede depender de la Junta y otra tiene que ver con la legislación estatal, pero la verdad es que no sabría decirle exactamente cómo está ese asunto. Había informes técnicos que no estaban suscritos por personal cualificado para ello, pero no sólo pasa en relación con la violencia, también con otras muchas cuestiones, incluidas valoraciones económicas.

–¿Se reunieron con IU y Podemos para echar a Teresa Rodríguez y diputados afines?

–No sabemos de dónde ha podido salir esa historia. No hemos tenido ninguna reunión con Adelante para trata ese tema.

–Hay quien lo ha acusado de haber insultado a la presidenta del Parlamento, ¿lo hizo?

–No, ella sabe que me enfadé y juré en arameo, pero que no me dirigí a ella ni a nadie en concreto. Fueron unas palabras más o menos gruesas, pero no dirigidas a nadie y cualquiera que vea el vídeo lo comprueba, no miraba a nadie, me estaba retirando. De hecho, me daba la vuelta para salir del Pleno. Daba por sentado que los micrófonos estaban apagados, ése era el problema. Ni la presidenta ni nadie de su partido ni del Gobierno ha pensado que me estuviera dirigiendo a ella, ha sido una interpretación como casi todas las que hacen desde el PSOE, para perjudicarnos de forma torticera.

–¿Se ha sentado con Susana Díaz para algo?

–No, de todas formas, viene poco por aquí, lo menos que puede. Con José Fiscal, el portavoz, sí hemos hablado en alguna ocasión, pero las relaciones con el PSOE no son fluidas, quizás lo hayamos hecho más veces con Inmaculada Nieto o Ángela Aguilera, de Adelante. Lo normal en la práctica parlamentaria es que todos los grupos nos relacionáramos, pero la líder del PSOE no hace vida parlamentaria. La citaron en la comisión de la Faffe y dijo que éste no era su puesto de trabajo, aunque cobra del Parlamento.

–¿A qué diputado de la izquierda invitaría a Córdoba a pasar el fin de semana?

–No sabría decirle. Tengo tan poco tiempo libre que ni siquiera puedo ver a mis amigos ni estar con mi familia, se me hace muy complicado pensar en pasar un fin de semana con alguien del PSOE. Éste debería de ser un rival político, no un enemigo, Podemos sí lo es porque tiene unos objetivos que consideramos peligrosos, quiere acabar con la España que conocemos. Pero el PSOE, en principio debería de ser un partido constitucionalista, con el que tenemos muchas diferencias, pero con el que pudiéramos tener una relación razonable, desde el desencuentro político, pero en la búsqueda de lo mejor para España y para Andalucía. En su deriva actual se hace muy difícil porque está absolutamente «podemizado» y con un Pedro Sánchez que, en la perspectiva de Vox, dirige un Gobierno responsablemente criminal de la negligencia con la que se ha atendido la pandemia y que no está peleando como debiera por la integridad territorial de la Nación, por nuestras formas de gobierno, por la constitución o por la defensa de las libertades.