Los agricultores creían que extraían legalmente el agua de Doñana

Los agricultores de la finca de Matalagrana de Almonte (Huelva), en el entorno de Doñana, acusados de extracción ilegal de aguas subterráneas, pensaron siempre que actuaban de acuerdo con la legalidad y apuntaron a la existencia de «graves errores administrativos» como base de lo sucedido. El alegato lo hicieron durante su declaración del juicio contra 15 acusados, trece agricultores y dos ex alcaldes de Almonte –Francisco Bella (PSOE) y José Antonio Domínguez (PP)– que se celebra en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva. En la primera sesión prestaron declaración dos de los trece agricultores, ya que el resto se acogieron a su derecho a no declarar, y mañana lo harán los dos ex alcaldes, para, posteriormente comenzar con las periciales y testificales.

J. M. R. B., administrador de la empresa Flor de Doñana y secretario de la Asociación Matalagrana, explicó lo sucedido en esta finca propiedad del extinto Instituto Andaluz de la Reforma Agraria (IARA) y ubicada en la zona regable Almonte-Marismas, en la que en 1996 se puso en marcha una experiencia de agricultura ecológica y producción integrada por parte de agricultores de la zona en base a concesiones. Aseguró que Matalagrana está dividida en parcelas que los agricultores conveniaban con el Ayuntamiento, previo acuerdo de éste con el IARA, por el cual pagaban un canon «por el uso y explotación de las mismas», incluyendo «los sondeos y la extracción del agua». Asimismo, precisó que «nunca constataron si esos sondeos tenían concesión o estaban autorizados, ya que sabían que era una finca pública cuyas tierras se ponían a su disposición para el cultivo y que esos pozos estaban registrados por en Minas y eran legales como aguas subterráneas». Por su parte, los ex dos alcaldes de Almonte defendieron ante los medios su inocencia alegando que el Ayuntamiento no es competente en materia de Agua y Medio Ambiente y considerase meros intermediarios entre la Junta y los agricultores.