La designación de Córdoba para acoger la base del Ejército acaba en los tribunales

La plataforma ciudadana Jaén Merece Más ha presentado en Madrid su denuncia penal por la adjudicación de la base Colce del Ejército. Lo ha hecho por entender que el Ministerio de Defensa podría haber incurrido en un delito de prevaricación administrativa al designar Córdoba como la ciudad que acogería dicha base, en detrimento de la candidatura presentada por Jaén capital.

“Entendemos que hay una grave irregularidad en la actuación administrativa de ese Ministerio y merece la pena que sea investigado”, ha dicho a los medios el abogado de la plataforma, Javier Marín, al tiempo que apuntado que existen “indicios y evidencias” de que ha sido una decisión “injusta a sabiendas” y cargada de “arbitrariedad”.

Marín ha apuntado que la denuncia viene avalada por dictámenes jurídicos de la Cátedra Universitaria de Derecho Administrativo, que dirige Antonio Jiménez-Blanco.

En la denuncia solicitan también que se decreten medidas cautelares para la paralización de cualquier actuación en la continuación del proceso en la ciudad elegida hasta tanto se depuren dichas responsabilidades y se compruebe la legalidad de la decisión.

Se apunta así al Ministerio de Defensa e incluso a la vicepresidencia y presidencia del Gobierno de España por su anuncio en febrero de 2021 de que Córdoba era la ciudad elegida para acoger el proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra, “sin emisión o dictado de Resolución o Acuerdo escrito, y sin expediente al efecto”.

El objetivo es poner de manifiesto “evidentes y flagrantes elementos que determinan que la decisión solo conocida por nota de prensa no escrita y/o documentada hasta la fecha, está plagada de irregularidades legales y procedimentales, infractoras de multitud de normas aplicables de carácter específico que debieran haber regulado el procedimiento y que debieran haber sustentado y motivado la decisión”.

Para la plataforma, la elección de Córdoba “da satisfacción personal a un deseo de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de llevar a su tierra esa base logística de tanta importancia para el Ejercito en particular y en general para el Estado, despreciando de forma burda cualquier control de legalidad en la actuación en el seno del Ministerio de Defensa para este proyecto”.

Subrayan que fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que justificó la elección de Córdoba por la “inmediatez de la disponibilidad de los terrenos”, lo que “ha resultado del todo incierto”, puesto que hasta el mismo día 6 de mayo 2021 el Ayuntamiento de Córdoba y el Ejército de Tierra están valorando la firma de un protocolo para el Plan Colce “sin aportar terrenos concretos ni cuantificación económica ni financiación”.

Por ello además, en la denuncia se pide la adopción de medidas cautelares judiciales de paralización que impidan la continuación de cualquier tramitación del Plan Colce al “estar basado en una ilegalidad que puede suponer un enorme coste económico para el erario público, Estado, Ejército, Junta de Andalucía y municipio de Córdoba” ya que la inversión está valorada inicialmente en más de 375 millones de euros, que “podrían acabar tirados a la basura ante la nulidad de todo lo que hasta la fecha se tiene anunciado”.