Una reforma de la ley de Salud Pública ante la «ineficacia absoluta» de Sánchez

Tras el fin del estado de alarma las comunidades autónomas no tienen un paraguas normativo que dé cobertura a posibles restricciones para controlar la pandemia. Es por ello que la Junta ha iniciado la reforma de la ley de Salud Pública, una medida que, según los populares, se toma ante la «ineficacia absoluta» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «a la hora de gestionar la crisis». «Ni Sánchez ni el PSOE han preparado alguna norma o ley que permita a los ayuntamientos y comunidades tener herramientas jurídicas para poder imponer algunas restricciones en caso de necesidad», aseguró la portavoz de Salud y Familias del grupo parlamentario popular, Beatriz Jurado. «Nos encontramos que Sánchez sigue en su política de brazos caídos y deja España abandonada a su suerte, ello obliga al Gobierno de Juanma Moreno a seguir llevando la iniciativa ante la falta de gestión por parte del Gobierno», lamentó.

Jurado insistió en que esta reforma que proyecta el Ejecutivo andaluz «pretende luchar contra el coronavirus y no tener que depender de los tribunales que, además, pueden tomar decisiones completamente contrarias como ya se ha visto en Andalucía».

Igualmente, señaló que con este tipo de decisiones «vuelven a quedar patente los dos modelos de gobernar». Por un lado, expuso «el plan de recaudación infernal prevista por Sánchez» contra «el plan definido y trazado por Juanma Moreno para la recuperación».

Así, abundó en que el presidente del Gobierno «demuestra falta de gestión y un modelo basado en la irresponsabilidad a costa del bolsillo de los ciudadanos», mientras que, a su juicio, el Gobierno andaluz «destaca por una gestión efectiva y un trabajo riguroso para que el dinero esté en el bolsillo de los andaluces».

Jurado alertó de que «este nefasto modelo de gestión socialista también lo siguen sufriendo los andaluces» después de conocer que «los intereses de demora del Servicio Andaluz de Salud entre los años 2000 y 2018 ascienden a 690 millones de euros». «Cuando llegó Juanma Moreno se abrieron los cajones y aparecieron 372 millones de euros en intereses de demora, pero analizando desde 2000 la cifra resulta completamente escandalosa».