El juez de la Faffe cita al edil de Patrimonio de Jerez por su “contratación arbitraria”

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha citado para el 29 de marzo al concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas, para que preste declaración como investigado por su presunta “contratación irregular, injusta y arbitraria” en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), “a instancias” del exdirector técnico de la entidad Fernando Villén, también citado a comparecer como investigado ese día.

En un auto emitido el pasado 21 de diciembre, adelantado por ABC y recogido por Europa Press, el juez de instrucción José Ignacio Vilaplana explica que estas diligencias previas están destinadas a esclarecer presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación por la supuesta “incorporación fraudulenta” de Francisco Camas en la Faffe, “con el consiguiente perjuicio o menoscabo de los fondos públicos que se hubiesen derivado de la misma”.

Además, la investigación abarca la supuesta “ilicitud del mantenimiento de Francisco Camas en distintos puestos de trabajo (técnico en la Gerencia de Cádiz y, después, responsable del centro de la Faffe en Jerez de la Frontera), sin contenido material concreto -percibiendo además un salario superior a su nivel o categoría profesional-, creados y atribuidos ad hoc para justificar y proporcionar la ilícita prestación de servicios laborales; con el consiguiente cobro injustificado de emolumentos y prestaciones por parte del señor Camas Sánchez, tanto en la Faffe como en el SAE, donde fue subrogado y estuvo empleado tras la extinción de la Faffe, hasta junio de 2015 en que asume una excedencia forzosa por designación para cargo público” en el Ayuntamiento de Jerez.

Según el juez Vilaplana, Francisco Camas fue contratado en 2003 en la Faffe “a instancias” de Fernando Villén, “por su sola voluntad, sin proceso alguno de valoración o contraste de la aptitud o idoneidad del sujeto a contratar”, con lo que esta incorporación “se habría llevado a cabo de manera injusta y arbitraria, prescindiendo de los procedimientos de contratación (...) y de manera contraria a los principios generales de publicidad, objetividad, imparcialidad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad que habrían de regir dicho proceso de selección y contratación”.

“SIN PROCESO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN”

“El sólo ‘compromiso’ de emplear al 60% de los trabajadores procedentes del Fondo de Formación y Empleo (FPE), donde con anterioridad había estado trabajando el señor Camas, sin convocatoria y sin un criterio y proceso público de contratación, resultaría de todo punto insuficiente para acceder al puesto de trabajo”, determina el juez instructor.

Y es que sobre la subrogación de la plantilla del FPE en la Faffe “no consta relación alguna de trabajadores que se correspondiese con ese supuesto compromiso con la comisión liquidadora, que garantizase la empleabilidad del 60% de la plantilla”.

Francisco Camas, según el juez instructor, “habría cooperado y contribuido a su ilícita contratación e incorporación a la Faffe, aportando elementos que pudieran ofrecer una apariencia de legalidad a la misma, induciendo a sus responsables, en particular a Fernando Villén a llevar a cabo dicha irregular contratación, concertándose naturalmente con aquéllos a tal fin”.

CONTRATADO “SIN UNA LABOR REAL”

Camas Sánchez, prosigue el juez Vilaplana, habría ostentado un “puesto de nivel superior” en la Faffe “sin cometidos concretos y sin desempeñar una labor real, con la aceptación y beneplácito de” Fernando Villén como entonces director de la entidad.

Dado el caso, y merced al pronunciamiento previo de la Fiscalía, el juez cita a ambos como investigados para el próximo 29 de marzo, junto con el que fuera director de Recursos Humanos de la Faffe, Antonio Jiménez Cuenca; y quien fuera director de la Gerencia de la Faffe en Cádiz, Luis María Márquez Suárez.

En octubre de 2020, recordémoslo, el juez ordenaba continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas abiertas contra Fernando Villén y el exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación derivados de la contratación “injusta y arbitraria” del citado ex primer edil en la Faffe, de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola “afinidad y vinculación personal y política” entre ambos.

En septiembre de 2021, de otro lado, emitía un auto en la causa de los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de Faffe, en la que figuran como investigados el exdirector Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la misma Ana Valls; dando traslado a las acusaciones para que instasen “lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales”; y a los abogados de los investigados para que formalizasen sus escritos de defensa.