La Ley de Capitalidad rompe la concordia entre Sevilla y Málaga

Desde su toma de posesión en enero de este año, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha mantenido un perfil bajo, centrado en darse a conocer a diversos sectores de la capital hispalense y en gestionar la herencia del anterior regidor y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas. La recuperación de las fiestas de primavera y las elecciones andaluzas paralizaron la actividad municipal, con traspaso de concejales a la política autonómica y posterior remodelación del equipo de gobierno municipal. Con la propuesta de Ley de Capitalidad, Muñoz se reivindica y reabre un debate que viene de largo y que no hace más que agrandar la brecha entre Sevilla y Málaga.

La propuesta aprobada por unanimidad en el Pleno municipal incide en la necesidad de adoptar instrumentos legislativos que «articulen el papel de Sevilla como capital de la comunidad autónoma y la realidad metropolitana de la ciudad». El objetivo es tener más privilegios y compensaciones presupuestarias por prestar servicios extra como capital de Andalucía, una figura de la que ya se benefician otras urbes como Madrid, Barcelona o Zaragoza. En definitiva, Muñoz no hace más que poner sobre la mesa una vieja reivindicación que ya barajaron los exalcaldes Juan Ignacio Zoido y Alfredo Sánchez Monteseirín.

Junto a ello, la iniciativa propone constituir un grupo de trabajo junto con representantes del Gobierno de España y la Junta de Andalucía, que deberá elaborar un estudio dirigido a conocer las medidas legislativas que son necesarias «para que Sevilla despliegue todo su potencial como gran capital del Sur de España». También determina que las reformas normativas que se impulsen «deberán contener, en todo caso, un sistema organizativo singular que refuerce la capacidad de las instituciones para ejercer sus funciones y acercar su acción a la ciudadanía».

Un grupo más operativo será la Comisión Interadministrativa de Sevilla, «como órgano permanente y estable en el que representantes de las tres administraciones podrán cooperar y coordinar sus políticas en defensa de los intereses de la ciudadanía sevillana».

Sin embargo, otras leyes de capitalidad no hacen referencia a cuestiones financieras. Es el caso de la de Madrid, aprobada en 2006 por el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Este texto legal reconoce la especificidad de la ciudad como capital de España, crea un órgano de coordinación entre el Gobierno, la Comunidad y el Ayuntamiento y da presencia al Consistorio en infraestructuras estatales como el aeropuerto. No obstante, no contempla ningún capítulo financiero para dotar de más ingresos a la capital. La norma madrileña se centra fundamentalmente en cuestiones de seguridad, relativas a actos oficiales del Estado que se celebran en la capital así como manifestaciones en las que intervienen las fuerzas de seguridad.

La Ley de Capitalidad de Sevilla, además, viene a dar la puntilla al eje turístico y económico que impulsaron Espadas y el regidor malagueño, Francisco de la Torre. Dos alcaldes que mantuvieron una buena sintonía a pesar de pertenecer a partidos distintos. Esta fue una de las propuestas estrella del ahora líder del PSOE-A nada más hacerse con la Alcaldía en 2015, incidiendo en la necesidad de impulsar proyectos estratégicos entre ambas ciudades, ahondando en la colaboración que se venía desarrollando en el ámbito universitario. Ambos alcaldes comparecieron conjuntamente en varias ocasiones para explicar sus intenciones, que quedaron en eso, en meras declaraciones porque no se sustanció ningún proyecto.

Precisamente, De la Torre ha cargado duramente contra la iniciativa, asegurando que «no hay razón» para su puesta en marcha porque ser capital «ya es una ventaja brutal». El alcalde malacitano se preguntó «cuáles son los defectos» de ser capital». «Si a lo que alude es a lo que ocurre en todas las ciudades con cierto tamaño que tienen un área metropolitana, que se utilizan estos servicios, si piden competencias por ello, tendrían que hacer unas normas válidas para otras ciudades equivalentes», señaló.

A juicio de De la Torre, las ciudades tienen un problema competencial que se debió abordar en el inicio de la autonomía andaluza. En este sentido, criticó que el PSOE «no tuvo visión de futuro e hizo una autonomía centralista 100%, que funciona mal en muchas cosas, con servicios que al final hemos hecho nosotros –en referencia al ayuntamiento-», poniendo como ejemplo la construcción de viviendas.