La Educación Especial crece un 35% en Andalucía desde 2018

La inversión supera los 450 millones con el Gobierno de Juanma Moreno y se cuenta con 400 docentes extra de Pedagogía Terapéutica y Audición del Lenguaje en las aulas

La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, en el centro, en la apertura del curso escolar
La consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, en el centro, en la apertura del curso escolar FOTO: JUNTA JUNTA

El Parlamento pone hoy el foco en la atención a las necesidades educativas especiales. El PSOE-A lleva a la Cámara una Proposición No de Ley (PNL) en la que, entre otras cuestiones, solicita un aumento de plantillas de profesionales especialistas que atienden a alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE); garantizar las condiciones laborales dignas de los trabajadores que atienden al alumnado con NEE; hacer modificaciones normativas para disminuir la ratio en las aulas de educación especial; establecer una ratio por orientador de 250 alumnos; o cambiar los requisitos para la obtención de becas. El actual Gobierno andaluz ha aumentado en un 35% el presupuesto en Educación Especial, según informaron a LA RAZÓN. En la Consejería de Desarrollo Educativo hay conciencia de que «aún queda camino por recorrer, dado el punto de partida en 2018» y sorprende, por lo «paradójico» que el PSOE-A haga bandera ahora de cuestiones que infradotaron durante décadas.

El PSOE-A lleva al Parlamento una PNL pidiendo el aumento de la plantilla

La Junta ha ido aumentando cada año desde 2018 los recursos humanos y materiales dedicados al mejor desarrollo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En concreto, la inversión en Educación Especial ha aumentado más de un 35% desde 2018, hasta superar los 450 millones. Se cuenta con 400 docentes extra de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje que ya trabajan en las aulas a través del programa PROA+ Transfórmate, según informó la Junta. A través de las Unidades de Acompañamiento, se ha incorporado a los centros este curso 199 orientadores y llegarán hasta 289 en el siguiente curso (2023-2024). El número de Monitores de Educación Especial ha crecido hasta alcanzar los 3.061. En 2018 había 2.353. Dentro de estos monitores destaca la apuesta por los PTIS (Personal Técnico de Integración Social): en 2018 había 1.917 PTIS en el sistema y este curso se cuenta con 2.664, es decir, un 71,9% más.

La Consejería de Desarrollo Educativo destaca la «apuesta trascendente por la Educación Especial en cuanto al crecimiento del número de aulas: 243 unidades más con otros 100 recursos docentes». También recuerda que el PSOE externalizó una parte importante del servicio de atención al alumnado con Necesidades Educativas Especiales al pasar la contratación de PTIS como una parte más de los servicios complementarios que contrata APAE (Agencia Pública Andaluza de Educación). Por lo tanto, se trata de trabajadores que dependen de las empresas de servicios, no de la administración.

El PSOE pide ahora la mejora de las condiciones laborales de las PTIS de las empresas cuando no sólo externalizaron ese servicio, sino que además lo precarizaron, según critican desde la Consejería. Así ocurría también con los monitores escolares, que desde 2006 estaban contratadas en jornadas de 8, 12, 16 horas y eran despedidas en julio y agosto, recordaron. A los pocos meses de llegar al Gobierno, la entonces Consejería de Educación ya tomó medidas como que las 426 trabajadoras dejaron de ser despedidas en julio y agosto, es decir, mantienen contratos todo el año; 346 monitoras pasaron a tener un mínimo de 20 horas contratadas; y el pasado 23 de diciembre se alcanzó un preacuerdo con CC OO, UGT, CSIF y UGT para que las 585 monitoras que quedan a 20 horas pasen a 35 horas en función de la disponibilidad presupuestaria. Este incremento –apuntan desde la Consejería– que a día de hoy sería realidad si el PSOE hubiera votado a favor de los Presupuestos de la Junta para 2022, que incluía un incremento de más de 600 millones para la educación andaluza.

El PSOE Andaluz pide también el cambio en los requisitos y parámetros para obtener una beca a pesar de que es una reclamación que se debería hacer al Gobierno de la Nación para que mejore la convocatoria de las becas, ya que es del Estado de quien dependen la mayoría de estas ayudas destinadas al alumnado con necesidades especiales y para que –reclama la Consejería de Desarrollo Educativo–, facilite a Andalucía mecanismos necesarios para mejorar la gestión.