240 millones en obras sin ejecutar por licitaciones desiertas

Sobrecostes, subida de precios y materiales, falta de mano de obra cualificada y poca flexibilidad de las administraciones para adaptarse a la situación actual, ha generado que, habiendo dinero, se queden obras sin ejecutar porque ninguna empresa se ha hecho cargo de ellas y las licitaciones quedan desiertas. A esta situación ya conocida y que se arrastra desde hace más de un año, el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) le ha puesto números: un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar en 2022 en la región, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021), siendo Cádiz la provincia más afectada, seguida de Sevilla y Málaga.

El presidente de CEACOP, Carlos López, advierte de que “la situación de las empresas sigue siendo complicada debido a que están teniendo que hacer frente a la enorme subida del precio de los materiales y son las que están aguantando el sobrecoste en las obras, una situación que se ha traducido en que muchas licitaciones se hayan declarado desiertas durante el pasado ejercicio”.

“Los ayuntamientos son los que han tenido mayor dificultad para sacar adelante los proyectos, porque cuentan con menor margen para modificar los presupuestos”, apunta la gerente de la entidad, Ana Estella. Según Estella, “es inasumible que en una comunidad como Andalucía, con el déficit de infraestructuras que arrastra y con el peso poblacional que tiene en el conjunto de España, se queden sin ejecutar esas inversiones por el desequilibrio de precios, aun habiendo fondos disponibles; además de que se corre el riesgo de que esta situación provoque un cambio de tendencia en materia de licitaciones”.

Desde Ceacop se lamenta, igualmente, que empresas públicas como Tragsa o Ineco están siendo adjudicatarias de obras que han quedado desiertas, pero por importes superiores al de la licitación inicial. “Desde hace años están haciendo competencia desleal a las empresas no sólo dentro de España, sino en otros países, yendo en contra del espíritu de la ley de contratos del sector público. En el caso de Tragsa la situación es aún más grave porque ya hay una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública) que, salvo supuestos de estricta urgencia, no puede ejecutar contratos de obra en zonas o núcleos urbanos”.

Fondos sin ejecutar

En paralelo, Carlos López advierte de un riesgo añadido: “Esta situación que se está produciendo amenaza el plan de recuperación diseñado al amparo de los fondos Next Generation, que, como es conocido, tiene como meta temporal 2026 y obliga a que los proyectos deben estar iniciados necesariamente en 2023. De momento, la asignación y puesta en valor de estos recursos están muy por debajo de los objetivos marcados y la exigencia del calendario obliga a intensificar la gestión por parte de los responsables públicos para no perder los fondos y la oportunidad histórica de transformación”.

Es por ello que la gerente de Ceacop añade que “hay que mantener en el tiempo y reforzar los mecanismos de revisión de precios de las obras tanto de la Administración central como autonómica y hay que desligarlos de la lucha política, porque las empresas necesitan seguridad y certeza. El sector necesita seguir recibiendo oxígeno como motor de la economía, generador de empleo y vertebrador del resto de actividades como son la ingeniería, construcción y mantenimiento de infraestructuras, clave todo ello para la sociedad”.