El ayuntamiento que no daba de alta a los socorristas en verano

El cambio de poderes en el Ayuntamiento almeriense de Carboneras ha venido acompañado de «sorpresas negativas», según ha denunciado el concejal de Hacienda, Francisco Javier Alonso, tras encontrar «solo en facturas pendientes de pago, una deuda de 2,9 millones de euros delos socialistas encabezados por el exalcalde, José Luis Amérigo». El secretario del Partido Popular Carbonero señala «la mala gestión» del gobierno saliente, así como «trabas y dificultades para devolver la cordura a la contabilidad del Ayuntamiento», por asuntos como «una deuda a la Seguridad Social de 144.000 euros por no dar de alta a los socorristas que la temporada pasada cubrían este servicio en el municipio» costero. Mientras el gobierno encabezado por Felipe Cayuela anuncia «modificaciones en el presupuesto que podrían afectar a las inversiones municipales», así como el temor de que «en septiembre se superen los tres millones de euros en facturas sin pagar», el ahora portavoz de la oposición asegura que «el PSOE dejó las cuentas saneadas y con liquidez en el Ayuntamiento de Carboneras».

De hecho, quien fuera regidor en la última legislatura, José Luis Amérigo, se ha defendido remarcando «una gestión siempre fiscalizada por las figuras del secretario, interventor y tesorero, que no tuvo Felipe Cayuela en su mandato anterior», además de desvelar un incremento de «casi 100.000 euros de este gobierno respecto al anterior» por el «aumento de las dedicaciones exclusivas», entre otras cuestiones. El dirigente socialista se ha escudado en la herencia que él recibió hace cuatro años, recriminando «los 4 millones de déficit y más de 2 millones de impagos a proveedores que dejaron en herencia los mismos que hoy están al frente del gobierno: Felipe Cayuela y Salvador Hernández».

El nuevo gobierno del PP, conseguido gracias al apoyo del único edil de Ciudadanos, Salvador Hernández retrasaba el cambio de poderes al pasado mes de julio, una vez que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechazaba las acusaciones socialistas por presunta compra de votos por correo en el municipio. «La situación que nos hemos encontrado es muy preocupante», dice el concejal de Hacienda, porque «la mayoría de las partidas presupuestarias están agotadas y muchas de ellas en negativo». Francisco Javier Alonso promete «esfuerzos y transparencia» durante el mandato para «solventar la situación, pagar las facturas y poder prestar los servicios sin endeudar aún más a los ciudadanos».

Carboneras no es el único municipio costero almeriense donde la salida de alcaldes socialistas está llegando aparejado de críticas por parte de sus sucesores populares. En Garrucha, el tripartito PP, VOX, IU ha destapado «300.000 euros de deuda por contratos irregulares a la Seguridad Social», además de «14 millones de euros de deuda heredada», según revelaba para La Razón el ahora expulsado de Izquierda Unida, Álvaro Ramos, cuyo voto fue determinante para tumbar a la exalcaldesa, Loles Fernández.

Otro problema en Níjar

También el nuevo gobierno PP/VOX en Níjar ha calificado de «mentiras» lo que «nos vendían como una magnífica gestión socialista durante los últimos 8 años» tras alcanzar el gobierno después del 28M. El primer edil nijareño, José Francisco Garrido, ha descrito un cambio en la Alcaldía «sin fiestas contratadas», «sin los servicios de verano» y «sin planificación en materia de seguridad»para la localidad, pese a que «multiplicamos por tres la población en verano». De forma urgente, desde el consistorio se ha «activado una nueva patrulla marítima» y «contratado las fiestas y los servicios de playas», que era «lo más inmediato». El regidor ha indicado que «nos encontramos un millón doscientos mil euros sin consignación presupuestaria», correspondientes «al dopaje de un partido político para llegar a unas elecciones municipales».

Una opinión que argumenta en «facturas de última hora, que se han multiplicado conforme se acercaban las urnas», así como en «contrataciones de refuerzo en la empresa de limpieza, que terminaban a nuestra llegada y que nos han hecho buscar recursos para prolongar los contratos de hasta 20 familias, al menos hasta el próximo 21 de diciembre». Si bien Garrido ha prometido que «desde ahora, los puestos dependerán del rendimiento y la capacidad», y «no de una afiliación política», todavía no ofrece una cifra total de deuda en Níjar porque «seguimos auditando las cuentas» y solo con la sentencia en contra por La Fabriquilla por la que habrá que indemnizar a los propietarios de unos terrenos, «son 8,7 millones de euros que tendremos que abonar». «Una losa que afrontaremos con mucho esfuerzo», ha valorado el alcalde, ante un panorama que está obligando a «poner en marcha rápidamente todo lo que se ha quedado manga por hombro tras la salida de la alcaldesa».