“El Gobierno no va a mover un dedo por nuestra agricultura frente a Marruecos”

El Congreso rechazó la modificación del acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos que pretende incluir los cultivos procedentes del Sáhara Occidental con trato arancelario preferente. Sin embargo, no «se entiende cómo grupos políticos votaron en contra de los intereses de los productores españoles», censuró el gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de la provincia de Almería (Coexphal), Luis Miguel Fernández Sierra, reclamando que «quienes han votado en contra deben rendir cuentas ante el sector». La iniciativa, impulsada por Vox, fue respaldada por el PP, UPN y Sumar. Sin embargo, votaron en contra de la postura defendida por el sector hortofrutícola español el PSOE, ERC, PNV, Blidu, Junts, Podemos, Coalición Canaria y BNG.

Desde Coexphal se considera «inaceptable» que «formaciones políticas que deberían representar a todos los ciudadanos» respalden un pacto que «vulnera la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y que permite la entrada de productos agrícolas sin garantías de trazabilidad, sostenibilidad ni control fitosanitario». Fernández Sierra exigió que «se clarifique qué intereses tienen algunos partidos en priorizar acuerdos comerciales que perjudican directamente al productor español».

No obstante, desde Asaja en Almería, su presidenta, Adoración Blanque, reconoció que «no nos sorprende la actitud de algunas siglas, porque desde Ministerio de Agricultura ya nos dijo Luis Planas que la buena vecindad con el país de Marruecos está por encima de cualquier sentencia de un tribunal». Desde la patronal almeriense lamentaron también que «la postura de España es no tocar el tema» de los acuerdos con el reino alauita y «usan la agricultura como moneda de cambio». Más dura aún la posición de Asaja frente a lo que considera un «retorcimiento de la legalidad» por parte de la Comisión Europea, al dejar de aplicar una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que «decía que no se pueden comercializar los productos del Sáhara». De hecho, «un fallo que debía ser de aplicación desde este octubre se ha sorteado totalmente a espaldas del sector», criticó Blanque, indignada porque «nos hemos tirado una década para desagregar los precios de tomate cherry marroquí, con el redondo, porque decían que los acuerdos son intocables, pero en apenas 15 días lo cambian ahora todo a petición de Marruecos».

Así, el nuevo tratado, «permite introducir género de territorios ocupados, solo con un par de matices», como señaló la presidenta de Asaja, apuntando que «ahora hay que poner el origen, solo faltaba» y puntualizando que esas medidas en el etiquetado afectarán a todos los productores que vendan en Europa por igual.

Aunque tendrá que ser ratificado por el Parlamento, el nuevo acuerdo ya es de aplicación, si bien «no se está cumpliendo ninguna parte de los convenios comerciales ya vigentes», manifestó Blanque, recordando la superación continuada de los cupos marroquíes cupos por parte de sus competidores directos. «Si ya contábamos con una competencia desleal, que esto se ratifique nos puede hacer un daño aún mayor», apuntó la presidenta de la patronal almeriense, pidiendo «claridad en los cupos y los aranceles, el cumplimiento estricto del acuerdo, modificaciones para competir en igualdad de condiciones», además de «controles en frontera, pago de aranceles y mejora de las condiciones laborales y ambientales de sus producciones». «No tenemos pruebas, pero no creemos que esto haya sido una negociación solamente entre la Comisión Europea y Marruecos», valoró Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, deslizando que «seguro que ha participado España y Francia» porque algo con «un alcance así no se hace a espaldas de nuestro Gobierno». «Nuestros servicios jurídicos están trabajando por ver que el Tribunal Europeo recibe y valida el nuevo acuerdo», anunciaron desde COAG, avanzando también que «vamos a estar pendientes de las próximas votaciones para ratificarlo», reflejando «la postura de cada uno de nuestros responsables políticos», advirtió Góngora.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, recalcó en el Parlamento que la Junta «está radicalmente en contra» del nuevo marco comercial, mostrando el temor de que «Marruecos pueda utilizar ese acuerdo para etiquetar tomate del Sáhara como si fuera marroquí y que los contingentes que llegan a Europa se vean incrementados en detrimento del producto andaluz y, de manera muy especial, del producto almeriense». Llama la atención que también Izquierda Unida en Almería denunció “una indignación palpable”, a través de su coordinadora provincial, María Jesús Amate, por “una bofetada al trabajo honesto de miles de familias agricultoras y una burla al derecho internacional”. “La Comisión Europea ha optado por el atajo legal, el silencio diplomático y el desprecio a quienes sostienen con sus manos la soberanía alimentaria de Europa”, exclamó Amate, condenando especialmente un “nuevo sistema que permite comercializar productos saharauis como si fueran marroquíes”.