El acuerdo UE-Marruecos tendrá un «efecto devastador» en el sector hortofrutícola

Mientras la agricultura intensiva de Almería sigue enfrentando la amenaza de plagas como la araña roja o el parvispinus con lucha biológica, en cumplimiento de las restricciones europeas sobre pesticidas y sustancias químicas para combatirlos y se castiga severamente a quienes no cumplen con la normativa laboral y por supuesto con los derechos humanos, la Unión Europea y el Reino de Marruecos han llegado a un acuerdo para extender el trato arancelario preferencial al territorio del Sáhara Occidental. Si bien aún habría que cerrar la operación durante los próximos meses mediante la celebración de un Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambas partes, el acuerdo ya se aplica provisionalmente desde el pasado 3 de octubre y garantiza la continuidad y seguridad de las producciones de los comerciantes marroquíes.

«Nos reservamos emprender acciones legales contra la Comisión Europea», denunció Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAG, subrayando «la falta de transparencia del pacto» y la «ilegalidad» del mismo, además del «impacto devastador que puede llegar a presentar sobre el sector hortofrutícola europeo, además de la vulneración que supone sobre el derecho del pueblo saharaui a decidir sobre su futuro». La organización agraria mostró su «más enérgico rechazo» al nuevo acuerdo ante el Comité Mixto Europeo de Frutas y Hortalizas, anunciando durante la sesión plenaria la creación de un documento en el que esta entidad exprese su rechazo ante la «triquiñuela» de la Unión Europea.

En este sentido, Góngora advirtió del «precedente muy peligroso al modificar un acuerdo internacional, que afecta directamente a miles de agricultores europeos, sin consultar al sector, sin una evaluación del impacto directo y sin la aprobación del Parlamento Europeo». Y es que hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) según las cuales el Sáhara Occidental es una región no autónoma y, jurídicamente, separada de Marruecos. Por tanto, «incluir sus productos bajo un tratado que no ha sido consultado con sus representantes legítimos constituiría una violación del derecho internacional», remarcó el responsable de COAG, preocupado por la «trascendencia a nivel local» de la medida.

Precisamente, las organizaciones agrarias denuncian que este nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos establece que las pruebas de origen y el etiquetado de los productos indicarán la región de producción (Dajla y El Aaiún), si bien el sistema propuesto crearía un nuevo código o designación que presenta los productos prácticamente como marroquíes, lo que podría generar confusión entre los consumidores.

«Entendemos que la Comisión se ha saltado la encomienda que tenía por parte del Tribunal, según la cual es ilegal introducir o aprovechar las producciones procedentes del Sáhara dentro de los beneficios de este acuerdo», incidió Góngora, advirtiendo de las consecuencias económicas que pondrán «en jaque la rentabilidad de miles de explotaciones hortofrutícolas» y beneficiarán «a las grandes empresas importadoras, generando una competencia desleal con la producción local».

Otras organizaciones europeas también se han posicionado en contra del nuevo acuerdo a través de plataformas como COPA-COGECA, urgiendo al Comité Mixto a sumarse formalmente a este rechazo y siendo la postura que el sector exige debe mantener España, a través del Ministerio de Agricultura, como le trasladaron al propio Luis Planas en una reunión bilateral.

También la presidenta de Asaja en Almería, Adoración Blanque, incidió en la «preocupación por el mecanismo de etiquetado propuesto», ya que «se presentarán, en definitiva, como de origen marroquí, constituyendo un engaño para los consumidores y un acto de competencia desleal para todos los productores locales de Almería y España que cumplen todas las exigencias sanitarias y sociolaborales del mercado». «A nivel económico puede hacer mucho daño a Almería, sobre todo a producciones como las de tomate, que es uno de los principales cultivos del Sáhara», insistió la responsable de la patronal almeriense, apuntando que «Europa debería cuidar su propia soberanía alimentaria» y «garantizar la estabilidad de sus agricultores locales frente a competidores externos». Además, Blanque explicó que «estas producciones no estarían sujetas a las mismas exigencias en materia laboral, fitosanitaria y de control que las producciones comunitarias, algo verdaderamente injusto», siendo habituales las alertas por presencia de sustancias prohibidas en la UE en esos alimentos.

Desde la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX), avisan de que en España la producción de tomate para el mercado fresco ha seguido una tendencia descendente, con una caída del 31%. Asimismo, la exportación española de tomate a la Unión Europea ha disminuido de 786.599 toneladas en 2014 a 591.098 en 2024, excluyendo al Reino Unido, lo que equivale a un descenso del 25%.