
Fallo cribados
Amama no da los datos de mujeres afectadas a la Junta y dice que muchas son solo "llamadas"
Sanz recuerda que facilitar información a la administración si se conoce alguna situación irregular es "una obligación de salud pública"

La Asociación Amama ha remitido una respuesta formal al Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, sobre el requerimiento con el que la Administración sanitaria andaluza reclamó a la entidad los datos que obran en su poder de mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama. La Junta quería con esta medida poner fin al baile de cifras, ya que Amama sostiene que ellos cuentan con 4.000 casos y la Consejería ha acotado el problema a 2.317 pacientes.
La respuesta de Amama es que "no puede, por habilitación legal, trasladar con datos". "Amama no puede emitir información alguna que constituya dato sanitario personal sin consentimiento expreso, escrito e informado de sus socias, porque cualquier actuación en ese sentido supondría una vulneración grave del régimen de protección de datos que la Ley prohíbe", argumenta en su escrito, publicado en sus redes sociales minutos antes de comparecer en rueda de prensa la presidenta de Amama, Ángela Claverol.
La asociación califica el requerimiento de "sorpresivo, toda vez que reclama a una humilde asociación de mujeres datos, todos ellos confidenciales, y que sólo maneja en su integridad la propia Administración que los solicita". Le afea, además, a la Consejería que reclame datos quien "públicamente debe decir dónde ha estado la gravísima negligencia que ha llevado a las mujeres a contraer una enfermedad gravísima o a agravar mucho más la que ya se padecían".
"Es la administración sanitaria la que debe tener los datos de las mujeres que no fueron citadas --a las pruebas complementarias tras unas primeras con resultados "no concluyentes"--, las que sufrieron retrasos y las consecuencias que derivaron para cada una de ellas". Invoca la entidad en última instancia la Ley de Procedimiento Común que, según explica, "no impone en modo alguno obligación de las asociaciones de pacientes ni otras entidades privadas ni habilita el tratamiento de datos que son protegidos por Ley. En definitiva, no ha lugar a ese requerimiento ni está amparado por el articulado de la Ley siendo, insistimos, responsabilidad del SAS obtener dicha información por sus propios medios".
Con respecto al número de afectadas, la presidenta de la asociación, Ángela Claverol, dice ahora que no se trataba de «4.000 víctimas» sino de «llamadas de consultas telefónicas». La asociación también ha afirmado que hay tres personas fallecidas relacionadas con los fallos detectados en el programa.
Por su parte, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha recordado este viernes a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) que facilitar información a la administración si se conoce alguna situación irregular es "una obligación de salud pública" para poder "atender a esas mujeres" que se hayan podido ver afectadas por los fallos en el programa de cribados.
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