El consejero de Justicia, Administración local y Función pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha acusado al Gobierno de España de querer "imponer otro apagón" informativo en el caso de los errores detectados en las pulseras antimaltratadores. Este miércoles, el Congreso debatirá sobre la reprobación a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los fallos, de los que alertó la Fiscalía General del Estado (FGE) en su memoria de 2024.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Nieto ha afeado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "siga intentando ocultar" los errores sobre los que ha avisado no la oposición sino el propio sistema judicial. "Aún no ha explicado el Gobierno por qué se cambió una tecnología que funcionaba", ha recordado el consejero, que insiste en que si el Ejecutivo "estuviera tranquilo, podría datos encima de la mesa y no excusas ni acusaciones".

El titular andaluz de Justicia ha sostenido que "alguien tiene que asumir responsabilidades" por este "desaguisado". "El Gobierno nos quiere imponer otro apagón. No da información y quiere dejar pasar el tiempo, pero en este tema no les va a salir bien porque es el único asunto --la violencia machista-- en el que hay unidad y conciencia de la sociedad".

El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado recientemente su preocupación por los fallos en las pulseras telemáticas para maltratadores y ha pedido que éstos se corrijan "cuanto antes" para "evitar los riesgos para las víctimas". Considera que los fallos detectados "requieren una solución urgente" porque se trata de "posibles quebrantamientos de zonas de exclusión --de agresores y de penados- que no sólo ponen en riesgo la vida de la víctima, sino que pueden alterar la causa criminal al haberse perdido datos de los registros de esos dispositivos electrónicos".

"Estos dispositivos son clave en la protección de las víctimas", ha recordado Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía, que ha indicado además que la confianza en esta red institucional es "fundamental": "No cabe un mínimo fallo en este asunto". La Abogacía ha explicado que el buen funcionamiento de estas pulseras "se trata de una cuestión trascendente para garantizar, no sólo la protección real de las víctimas sino también su tranquilidad y la confianza en un sistema que, hasta ahora, viene funcionando".