La educación superior andaluza mira al futuro tras la aprobación ayer en el Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA). La reforma, que será remitida al Parlamento para sus pertinentes enmiendas, cuenta con el consenso de la comunidad educativa, los rectorados y los agentes económicos y sociales. La nueva LUPA sustituirá a la actual, vigente desde 2013, con la intención principal de blindar el sistema público universitario y consolidar su financiación.

En el articulado de la ley se determina la disposición de un modelo de financiación común para el conjunto de las universidades públicas, revisable cada cinco años, respaldando así tanto los principios como la estructura que sustentan el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores. Este reconocimiento por ley también se hace extensible a los remanentes no afectados, que son las transferencias de la Junta de Andalucía realizadas a las universidades públicas que no se han ejecutado. Ese fondo, previa autorización de la Junta de Andalucía, deberá destinarse a inversiones y a financiar proyectos estratégicos en el ámbito de la investigación y la transferencia de conocimiento.

El texto también busca promover la internacionalización de los estudios universitarios y a tal efecto a partir de 2030 se exigirá el título B2 en idioma extranjero para finalizar el grado. Dicha exigencia, que también se establece como requisito para el acceso del profesorado a las categorías de ayudante doctor y contratado doctor, entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2029 y no afectará a nadie matriculado en el momento de la aprobación de la ley. Además, para facilitar la movilidad del estudiantado entre las universidades públicas andaluzas se fija que los títulos similares deberán contar con un porcentaje de contenidos mínimos comunes en los planes de estudios.

En materia de estudiantado, la LUPA reconoce por primera vez mediante ley el derecho de los alumnos a acceder a un sistema de bonificación de los precios de las matrículas, lo que permitirá blindar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, la suspensión temporal de estudios, la necesidad de conciliar las actividades académicas con las deportivas o el derecho a la desconexión digital como novedades.

La norma incorpora, por primera vez, la necesidad de fomentar el acceso a la vivienda y a las residencias de los estudiantes a través de programas de actuación conjunta de las universidades, una medida que no se refleja en el actual marco normativo de carácter estatal, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). También garantiza por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta de Andalucía.

Por otro lado, el proyecto de ley aumenta los requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía, con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario y de asegurar la prestación de este servicio público. Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior.

Asimismo, se propone que las entidades tengan que reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación. También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal adecuados para el ejercicio universitario, y se impondrá a estas instituciones la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado.

La ley contempla a su vez la estabilización del personal docente como una prioridad y para ello se limitará el uso indebido de la figura de profesor sustituto interino, cuyos contratos tendrán una duración máxima de dos años, se deberán limitar estrictamente a las causas establecidas en la ley y tendrán que someterse a una revisión semestral de la Junta de Andalucía para comprobar que en ningún caso se convierten en plazas estructurales. Con ello se busca eliminar la precarización laboral en la plantilla docente universitaria. A su vez, se fijan medidas para asegurar la cobertura de la docencia cuando exista una vacante y en tanto se realiza el proceso administrativo de contratación de nuevos docentes.

Por último, otro de los aspectos en los que profundiza el texto es el impulso a la formación continua, con el reconocimiento de títulos propios de las universidades y microcredenciales, con los que el alumnado podrá mejorar sus competencias de manera flexible y más ajustada al mercado laboral. Por primera vez, la Junta de Andalucía tendrá en cuenta estas titulaciones en los concursos que realice. En definitiva, una ley que busca un salto adelante en la calidad de la educación superior, pero también en las condiciones del profesorado, a la vez que asegura la viabilidad financiera de las instituciones universitarias y limita el crecimiento de la privada.