Andalucía, infrafinanciada y pagando la deuda de los años 2008 y 2009

Los presupuestos de Andalucía para el año 2025, que la semana pasada superaron en el Parlamento el debate a la totalidad gracias a la mayoría absoluta del PP, incluyen una partida de 223 millones de euros –la misma que presupuestos de años precedentes– que se van a pedir prestados a los mercados para pagar parte de la deuda que la comunidad mantiene con el Gobierno de España por las liquidaciones negativas –a favor de a administración central– de los años 2008 y 2009. En ambos ejercicios económicos, todas las autonomías recibieron unas entregas a cuenta del modelo de financiación por encima de lo que posteriormente se recaudó, por lo que se arbitraron mecanismos –modificados en este largo periodo de tiempo– para saldar dicha deuda.

Las entregas a cuenta son la parte sustancial del sistema de financiación autonómica y se calculan a partir de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que corresponde a cada Comunidad Autónoma del IVA e Impuestos Especiales. Cada año, el Estado central adelanta esas cantidades que se calculan en función de la información disponible en el momento de la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dos años después, el montante adelantado se compara con la liquidación real que se ha producido. La crisis económica de esos años, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hundió los ingresos públicos y las previsiones «optimistas» del Gobierno no se cumplieron: la realidad es que los abultados saldos favorables al Estado de las liquidaciones del sistema de financiación autonómica correspondientes a 2008 y 2009, que se practicaron en 2010 y 2011, se aplazaron en su momento y están devolviéndose gradualmente mediante retenciones de los ingresos autonómicos.

En el caso de Andalucía, solo esos dos años se generó una deuda con el Estado de 5.818 millones de euros –en Cataluña, 3.030 millones y algo más de 2.000 en la Comunidad Valenciana y Galicia–. Primero se pactó que todas las regiones devolverían la cantidad que recibieron de más en 5 años, periodo que se prolongó hasta los 10 años y, posteriormente a 20 años.

Mientras que los distintos gobiernos de Andalucía han tenido que ir pagando anualmente esas cantidades al Estado y consignando ese dinero en los presupuestos, las peticiones de mejorar el sistema de financiación autonómica o arbitrar un fondo transitorio de compensación para las regiones que reciben menos recursos no se han atendido.

Según ha analizado Fedea con datos de la liquidación de 2022, Andalucía es la comunidad con mayor déficit de financiación en términos absolutos al recibir ese año 1.522,74 millones de euros menos de lo que recibieron de media las comunidades autónomas. Según consta en la información económica que sustenta el Presupuesto andaluz para 2025, la comunidad «ha dejado de recibir por parte del Estado más de 13.000 millones de euros desde el año 2009, una cantidad equivalente al 6,3% del PIB andaluz».

Por tanto, mientras que el Estado hace caso omiso a una «deuda» de más de 13.000 millones con Andalucía, la comunidad abona todos los años más de 200 millones de euros por un error de cálculo en las liquidaciones del modelo de financiación de hace 15 años sin que se haya instrumentado un fondo transitorio de nivelación que asigne recursos adicionales a las comunidades autónomas más gravemente infrafinanciadas en términos de habitante ajustado.

El Presupuesto de 2025 contempla créditos destinados a amortizaciones e intereses del endeudamiento anual, así como a su gestión, por un importe de 4.297,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 3,9% respecto al ejercicio 2024, en concreto 159,8 millones de euros. Dicho incremento se explica en el informe económico y financiero que lo acompaña por «el elevado nivel que se espera que aún mantengan los tipos de interés en el ejercicio 2025, a pesar del descenso iniciado en la segunda parte del ejercicio 2024 y que dependerá de la evolución de la situación económica, en general, y de la tasa de inflación, en particular».

Durante el próximo año, el Gobierno de España deberá sustanciar la posible quita de deuda pactada para Cataluña entre el PSOE y ERC y la fórmula elegida, en el caso de aprobarse, de llevarla a cabo con el resto de comunidades autónomas.