Andalucía propone en su ley universitaria que los nuevos docentes tengan un nivel B2 en idiomas

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha informado este martes en comisión parlamentaria sobre los objetivos básicos de la futura Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA), que propondrá, entre otras medidas, requerir el dominio del idioma a los docentes que accedan a la universidad, de modo que para poder concursar al cupo de profesores titulares se tenga, al menos, el nivel B2. No obstante, el consejero ha precisado que habrá "una situación de tránsito". Así lo ha indicado durante su comparecencia en la Cámara andaluza, en la que el consejero también ha destacado que su departamento buscará "el más amplio consenso" para que la LUPA pueda convertirse en una "ley de máximos, con capacidad de perdurar en el tiempo gracias a la aplicación de medidas que sean de utilidad real para nuestro sistema universitario", según lo recogido por la Junta en una nota de prensa.

De este modo, ha indicado que en el borrador inicial de la nueva ley autonómica, un texto sobre el que la Consejería ha mantenido una reunión de trabajo de dos días con los rectores de las diez universidades públicas de Andalucía, así como una primera ronda de contacto con los Consejos Sociales, los estudiantes, y que continuará este miércoles con los sindicatos, se marcan una serie de objetivos básicos que pasan por "potenciar la internacionalización del sistema de educación superior, mejorar y estabilizar la carrera académica, favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, incrementar los derechos del estudiantado e impulsar la transparencia de las universidades". En el ámbito de la internacionalización, el consejero se ha referido también, junto a la propuesta de exigir el nivel B2 de idiomas, a la pretensión de fomentar el papel de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) para proyectar al exterior el sistema público universitario, "independientemente de la autonomía de cada una de nuestras universidades".

Sobre las plantillas, el borrador incluye igualmente regular la formación docente inicial del profesor, permitir que estos puedan adscribirse temporal y parcialmente a otras administraciones públicas para el perfeccionamiento profesional o limitar el uso de la figura del profesor sustituto. Además, plantea abrir la puerta a nuevos perfiles de personal docente "con el fin de lograr la excelencia académica" y, en lo relacionado con el personal técnico de administración y servicios, "profesionalizar la gestión universitaria a través de la carrera horizontal". En relación con los estudiantes, el consejero de Universidad ha resaltado que la futura legislación tiene la intención de recoger los derechos en materia de bonificaciones, reforzar el papel del Consejo Asesor de Estudiantes y, de manera prioritaria, la atención a la diversidad, garantizando la adaptación curricular con una mirada específica a los miembros de la comunidad universitaria con capacidades diferentes.

Por otro lado, José Carlos Gómez Villamandos ha añadido que prevé también la creación de un observatorio de datos que permita la transparencia a la vez que facilita la evaluación de los resultados de las universidades, al tiempo que se refuerza la misma a través de la creación del Consejo de Transparencia e Integridad. Adicionalmente, la ley recogerá también la creación del cuerpo de inspectores de educación superior o el fomento de la figura de los colaboradores expertos.