La Audiencia desestima el recurso del exportavoz de Vox Francisco Serrano contra su procesamiento por fraude

La Audiencia de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el exdiputado autonómico de Vox y expresidente del partido en Andalucía, Francisco Serrano, otrora candidato del partido a la Presidencia de la región; contra la decisión adoptada en enero de 2023 por el Juzgado de Instrucción número 16 de continuar por el trámite del procedimiento abreviado las diligencias incoadas en su contra, por un posible delito de fraude de subvenciones y otro presunto delito de estafa, con relación a un préstamo estatal de casi 2,5 millones de euros.

En un auto emitido el pasado 29 de febrero, la Sección Séptima de la Audiencia aborda el recurso de apelación de Francisco Serrano, contra el auto emitido el 18 de enero de 2023 por el Juzgado de Instrucción número 16 continuando por el procedimiento abreviado las diligencias incoadas en su contra y también contra Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, impugnación en la que el exdirigente de Vox alegaba que fue "víctima de las estrategias delictivas" de los dos últimos inculpados y que tenía "confianza ciega" en López Ballesteros.

Al respecto, la Sección Séptima de la Audiencia reconoce que a comienzos de octubre de 2017, Serrano dimitió de sus cargos en la sociedad Proyectos e Inversiones Serralba, beneficiaria de parte del dinero público presuntamente defraudado, y que por las mismas fechas "Pelegrín manifiesta eximir de toda responsabilidad" a Serrano respecto a la administración del citado préstamo, pero avisa de que "ya en esa fecha se había dispuesto del dinero procedente del préstamo y se había destinado a fines distintos a la construcción de la fábrica (objeto de la ayuda estatal), por lo que el presunto delito ya estaría presuntamente consumado".

Por eso, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla resuelve desestimar por completo el recurso de apelación de Serrano y confirmar el auto de continuación de las actuaciones por el trámite del procedimiento abreviado.

El auto de continuación de las actuaciones por el procedimiento abreviado detalla que en 2016, Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros, estos dos últimos también afectados por la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, "se concertaron con el propósito de obtener, sin tener la debida solvencia, un préstamo Reindus (del Ministerio de Industria), cuyo importe de 2.489.000 euros se ha destinado para fines distintos de la construcción de una fábrica de pellets en la localidad de Niebla", que era el objeto de los fondos solicitados.

DECLARACIÓN "NO AJUSTADA A LA VERDAD"

El auto del caso, derivado de la denuncia inicial ante la UDEF del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, precisa que conscientes de "la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria una imagen de solvencia" para captar sus préstamos, Serrano a través de su sociedad Serrano Abogados y Pelegrín constituyeron la empresa Biowood Niebla con una aportación de fondos propios de 7.000 euros y una "maquinaría que nunca fue comprada ni poseída por los socios, por lo que la declaración no era ajustada a la verdad".

Según el auto, el Ministerio de Industria les concedió un préstamo por importe de 2.489.000 euros "con el compromiso de que de Biowood Niebla invierta, además, 1.027.125 euros, pesando "la falta de ajuste a la realidad de la situación financiera y patrimonial de la empresa", tras "aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida".

Una vez cobrado el préstamo, según la instrucción del caso, comenzaron las "disposiciones" del dinero "para fines no comprendidos" en el proyecto subvencionado, destinando unos 200.000 euros a "un cliente de Serrano Abogados que estaba necesitado de financiación y a quién Biowood decidió hacer un préstamo con los fondos" estatales recibidos.

DINERO DEL PRÉSTAMO PARA "PAGAR DEUDAS DE LAS EMPRESAS"

Serrano, Pelegrín y Ballesteros, según el auto, "se reunieron en distintas ocasiones con Manuel Gavira Gomez (el citado cliente de Serrano Abogados) y tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar a pagar deudas de las empresas del prestatario".

Otros 1,3 millones de euros habrían sido destinados a la "constitución de un fondo de inversión", mientras además "se formalizaron préstamos a empresas de Francisco Serrano como XYZ Comunicaciones, Serrano Abogados y Serralba, con 24.180 euros; y Biowwod "avaló a XYZ frente a Ibercaja en un préstamo que, al no ser devuelto, es pagado por Biowood con el importe del préstamo Reindus".

El auto señala además un préstamo de 30.000 euros a Serrano Abogados, que según un perito "se corresponde con el pago de los gastos de mantenimiento de la sede común de Serrano Abogados y Biowood Niebla al 50 por ciento, pero ni dichos gastos son financiables con el préstamo Reindus, ni los gastos de Biowood Niebla, sin actividad ni personal, son comparables a los del despacho de abogados".

MAS PAGOS "CON CARGO A REINDUS"

El juez instructor Juan Gutiérrez Casillas señala igualmente "una serie de reconocimientos de deudas por Serralba a Francisco Serrano "que son pagadas con cargo a Reindus, pagos de pólizas de crédito y un acuerdo de exoneración de responsabilidad por la gestión del préstamo Reindus".

"Ante los requerimientos realizados por el Ministerio de Industria, se ha simulado la continuación del proyecto, aportando continua documentación procedente de Woodsims, sin que la fabricación, instalación y puesta en funcionamiento se haya ni tan siquiera comenzado cuando su ejecución dura entre siete meses y un año. A fecha de 30/8/2022, consta ejecutada obra de acuerdo con el proyecto por importe de 512.229,51 euros nave y 142.621,52 euros oficinas, es decir, 654.851 euros, cuando el importe máximo del préstamo destinado a edificación era de 544.316 euros. No se ha comprado e instalado nada del presupuesto para aparatos y equipos de producción", resume el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

"En consecuencia, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de fabrica de pellets de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros", remata el juez instructor, que aprecia "indicios racionales de un delito de fraude de subvenciones y un delito de estafa", atribuidos a Francisco Serrano, Enrique Pelegrín y Francisco Javier López Ballesteros.

El juez acuerda finalmente el sobreseimiento parcial y archivo de las actuaciones respecto a Álvaro Sánchez Fernández al no considerar acreditado que "hubiese participado directamente, ni como colaborador necesario, ni como copartícipe inductor o encubridor de ninguno de los actos relacionados en el relato de hechos".