Indignación en el campo andaluz: el Gobierno de España financia nuevos ataques a la agricultura que nos da de comer

La indignación recorre los invernaderos de Almería, los campos de Huelva y las explotaciones agrícolas del Levante español. Mientras los agricultores luchan cada día por producir alimentos de calidad bajo unas condiciones climáticas cada vez más adversas y normativas cada vez más exigentes, el Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, comete una auténtica traición: financiar con dinero público un informe que criminaliza al propio sector agrícola nacional ante las instituciones europeas.

El informe presentado por Ecologistas en Acción en Bruselas —titulado “La huerta, en oferta”— no solo ofrece una visión sesgada, superficial y distorsionada de la agricultura intensiva del sur de España, sino que se atreve a señalar a nuestra agricultura como una amenaza ambiental y social. Lo hace ignorando deliberadamente los avances tecnológicos, las buenas prácticas medioambientales, el control del uso de fertilizantes y la mejora continua de las condiciones laborales en el sector.

El documento, titulado “La huerta, en oferta. La contaminación por nitratos y el papel del comercio alimentario alemán”, ha sido entregado a la Comisión Europea y expone una crítica directa al modelo agrícola intensivo desarrollado en regiones como Murcia, Almería y Huelva.

En el informe, la organización ecologista advierte sobre los efectos de la contaminación por nitratos en las cuencas hidrográficas y lagunas costeras del sureste peninsular, así como sobre lo que consideran violaciones de derechos laborales en determinadas explotaciones agrícolas. Ecologistas en Acción vincula estas prácticas al modelo agroexportador español y responsabiliza tanto a las autoridades regionales como al país importador, Alemania, de no adoptar medidas correctivas suficientes.

La publicación se enmarca dentro de una campaña de incidencia en Bruselas, en la que activistas de la organización han mantenido encuentros con eurodiputados y han celebrado varios actos públicos, entre ellos la presentación del documental “La voz del invernadero” y una exposición titulada “El verdadero precio de los alimentos”, centrada en las consecuencias sociales y ambientales del modelo agrícola actual.

Este enfoque ha generado malestar entre representantes del sector agrario, organizaciones profesionales y algunos responsables políticos. Consideran que el informe ofrece una imagen parcial del sistema agrícola del sur de España y que no valora adecuadamente los avances realizados en materia medioambiental, laboral y de sostenibilidad.

En el Parlamento Europeo, la eurodiputada Carmen Crespo ha salido en defensa del modelo agrícola andaluz y murciano, destacando su cumplimiento con la normativa comunitaria y su papel clave en la producción alimentaria europea. La exconsejera de Agricultura andaluza Crespo afirma que se está “criminalizando injustamente a un sector que ha demostrado ser innovador, sostenible y comprometido con el medio ambiente y la seguridad alimentaria” y "exigimos al Gobierno la retirada inmediata de la campaña" que traslada una imagen "falsa y errónea" de la realidad.

Asimismo, diversas voces del sector critican que esta campaña haya contado con financiación pública a través del Gobierno de España. Se cuestiona que recursos estatales se destinen a iniciativas que, en su opinión, proyectan una imagen negativa del sector agrícola nacional en foros internacionales. Desde asociaciones agrarias se ha solicitado al Ejecutivo que aclare el alcance del apoyo prestado a esta iniciativa y que refuerce la defensa institucional del modelo agrícola del sur del país.

El debate se produce en un contexto clave, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo de reforma de la Política Agraria Común (PAC) y con una creciente presión social y política en torno a la sostenibilidad del modelo agroalimentario europeo. Mientras tanto, el sector agrario andaluz insiste en que necesita apoyo y reconocimiento institucional para afrontar los retos de sostenibilidad, competitividad e innovación que tiene por delante.

Este ataque desde dentro, disfrazado de informe ecologista, daña la imagen de un sector clave para la economía y la cohesión territorial del país. Y lo que es aún peor: alimenta los argumentos de quienes desde Alemania o Países Bajos quieren cerrar mercados mientras ellos importan frutas tropicales cultivadas sin ningún control medioambiental.