Un clamor contra el bullying: «El acoso escolar es una lacra»

El suicidio de Sandra Peña, la joven sevillana víctima del acoso escolar, ha despertado muchas conciencias no sólo en su entorno más próximo, sino en los ámbitos político y educativo. Prueba de ello fueron las manifestaciones que convocaron ayer diferentes colectivos estudiantiles en varias ciudades españolas. La de Sevilla, que partió desde la Plaza Nueva hasta el Palacio de San Telmo, reunió a más de 4.000 personas, según cálculos de la Policía Nacional. Fueron alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, que expresaron su rechazo al bullying. A la de Granada asistieron casi 3.000 personas.

«Sandra no te olvidamos» o «No a la violencia escolar» fueron algunas de las consignas que figuraban en las pancartas. La portavoz del sindicato de estudiantes a nivel andaluz, Elena Ocaña, mostró su apoyo a la familia de Sandra e indicó que «no sólo hay que hablar de la maldad en abstracto», sino que también «hay una serie de responsables» ante lo que calificó como «un problema de primer orden». En este sentido, Ocaña criticó al colegio Irlandesas de Loreto por «no hacer nada» respecto a la situación de la menor pese a que «habían recibido una queja en dos ocasiones». Junto a ello, señaló que el centro educativo no actuó «para no perjudicar su imagen». «No aplicaron ningún tipo de protocolo en defensa de este propio negocio, para poder seguir llevándose todos esos millones que se embolsan por parte de la Junta», lamentó.

En esta línea, pidió a la Junta de Andalucía una mayor inversión en pedagogos y psicólogos para atender la salud mental de los alumnos en los centros educativos. También reclamó al Gobierno central un plan contra el suicidio. «Se trata de algo estructural, que además se está potenciando día tras día con los mensajes de odio que están a la orden del día», remarcó.

A la concentración asistieron los padres y familiares de Sandra Peña. Su tío y portavoz, Isaac Villar, mostró su apoyo a la manifestación contra lo que calificó como «una lacra que está sufriendo el país». Asimismo, agradeció el cariño por parte de la sociedad civil. «Nos da fuerza, tenemos que seguir porque el problema existe», destacó.

Al hilo de este caso, la Junta confirmó que va a esperar a la investigación de la Fiscalía y a la respuesta del colegio a los requerimientos de información para decidir si retira el concierto al centro, en caso de acreditar infracción muy grave. La consejera de Desarollo Educativo y Formación Profesional, Carmen Castillo, en una entrevista en Canal Sur Radio, remarcó que el centro, «a pesar de que había indicios suficientes para ello, no abrió los protocolos –tanto el reactivo como el de prevención de conductas autolíticas, que tiene como objetivo hacer un seguimiento de algún alumno que pudiera estar en ese riesgo– salvo algunas actuaciones y un seguimiento con la familia».

Castillo recalcó que el sistema educativo y los centros en Andalucía «son seguros». «Es verdad que en este caso no se activa un protocolo, pero en la mayoría de los centros se activan», subrayó

Por su parte, Escuelas Católicas advirtió del «uso inadecuado» de esta convocatoria para exigir la dimisión de los equipos directivos, la retirada de los conciertos educativos o la reducción de la financiación de los centros concertados. A su juicio, estas peticiones, «además de alejarse de lo que de verdad preocupa a todos, introducen un componente político e ideológico ajeno a los hechos, que aún se encuentran bajo investigación judicial».