El cupo catalán, a las puertas de las elecciones andaluzas

Las elecciones autonómicas andaluzas deben celebrarse en junio de 2026 y dentro de un año el PSOE andaluz debe pedir el voto a los andaluces tras aceptar que Cataluña tenga una financiación singular. Si el calendario se cumple, María Jesús Montero deberá dar forma al acuerdo con los independentistas catalanes antes de final de año. Así se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes en Barcelona en el Círculo de Economía. «Estamos dando pasos, estamos cumpliendo con esa agenda. Yo creo que estamos viendo en la campaña de la renta un mayor protagonismo de la Agencia Tributaria Catalana y estamos, por tanto, procediendo desde el Gobierno de España, con colaboración y cooperación, a la transferencia de competencias en materia tributaria», dijo Sánchez.

El acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa incluye, entre otras cuestiones, la sustitución de la Agencia Tributaria estatal (AEAT) por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña, con un aumento sustancial de la capacidad normativa para la Generalitat y establecía que se haría de forma progresiva, comenzando por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en 2025. Igualmente, para compensar esa retirada de la Administración central, se plantea la creación de una «aportación catalana a las finanzas del Estado» que tendría dos componentes: la aportación a la financiación de los gastos de la Administración central y una aportación a la nivelación interterritorial –una «solidaridad» limitada por el «principio de ordinalidad»–, es decir, que la posición de Cataluña en el ranking autonómico antes y después de la nivelación debe ser la misma.

El principio de ordinalidad está expresamente rechazado en el acuerdo sobre financiación autonómica aprobado en el Parlamento andaluz por todas las fuerzas políticas en 2018 –excepto por Ciudadanos, que no se sumó al consenso, y Vox, que en esa legislatura no tenía representación en la Cámara aunque está en contra del modelo autonómico tal y como aparece en la Constitución–. El dictamen, que según el PSOE andaluz sigue vigente, advierte que la ordinalidad «puede poner en peligro el principio de equidad» y «en ningún caso puede calificarse como un principio rector del sistema de financiación autonómica pues se encuentra ausente de cualquier texto legislativo al respecto».

Según un informe de Funcas, la combinación de los dos vectores antes mencionado «nos sitúa en un escenario de concertación tributaria, próximo al sistema foral del País Vasco y Navarra; lo que no es óbice para señalar algunas diferencias. Primera, en este caso se contempla, de forma cuantitativamente abierta, que Cataluña siga aportando a la nivelación interterritorial. Y segunda, el alcance final de las competencias normativas en el plano tributario que la Generalitat podría asumir no se concreta».

Ayer mismo, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) anunció que «adoptará todas las medidas legales oportunas para impedir que se le otorgue a Cataluña unos privilegios que no tienen el resto de Comunidades Autónomas y que marca un camino que no respeta el Estado de Derecho».

Todo esto debe sustanciarse este mismo año, es decir, antes de que se convoquen las elecciones andaluzas, cuya fecha compete únicamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. La Generalitat de Cataluña ya anunció hace un mes que las negociaciones con el Gobierno «van bien» y las palabras de Pedro Sánchez certifican que el acuerdo debe cerrarse pronto.