Hoteles, a recaudar

Visitados recientemente La Haya, Nápoles, Burdeos o Palma de Mallorca, jamás influyó en la elección del destino la eventualidad de abonar –como ocurre en estas cuatro ciudades– una tasa turística oscilante entre los 50 céntimos y los 4 euros por pernoctación y persona, dependiendo de la categoría del alojamiento, menos de lo que cuesta una cerveza sin tapa en cualquier terraza con pretensiones.

Ni el liberal más irredento, en fin, defenderá la vigencia de la Curva de Laffer entre visitantes que añadirán, a lo sumo, ocho pavos a la factura diaria del hotel Alfonso XIII, donde algunas noches se llegan a cobrar mil por la habitación doble. El chocolate de un loro diabético.

La renuencia de la administración autonómica, que es quien tiene la competencia en España, a imponer esta contribución obedece a dos egoísmos distintos: beneficia a los ayuntamientos e incomoda a los empresarios que habrían de recaudarlo. Pero parece que la Junta, por fin, va a tener que hocicar por la presión de algunos alcaldes, populares como el gobierno regional –los de Cádiz y Córdoba se posicionaron sin ambages esta semana, el de Sevilla está engorilado con lo que cuesta el mantenimiento de la Plaza de España…–, pese al disgusto que tal medida causaría al consejero del ramo, Arturo Bernal, tan sensible como se muestra siempre a las demandas del influyente lobby hotelero.

Que protesten lo que quieran: un cargo a las más de 54 millones de pernoctaciones en Andalucía durante 2023, sin contar los apartamentos turísticos, supondría una inyección vital para el erario sin necesidad de exprimir más al contribuyente aborigen.

Como hace cualquier autónomo con el importe del IVA, el recepcionista del Sheraton deberá meter en una alcancía unas monedas para dárselas a la Administración. No es para tanto.