Ribera, con Vox: rechaza un trato especial de la UE por la sequía

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, utiliza las redes sociales para arremeter públicamente contra las políticas de los dirigentes autonómicos y provinciales que no son de su partido o del bloque de formaciones que apoyan al PSOE. Ayer mismo, censuró que «alcaldes recién llegados eliminen las medidas urbanas ya adoptadas y presidentes de CCAA ignoren el impacto del cambio climático», como si en un mes, tiempo que llevan en el cargo, sean los responsables de la actual situación. También es habitual que critique públicamente medidas del alcalde de Madrid o de la presidenta de la comunidad madrileña.

Las críticas de Ribera a los gobiernos que no son socialistas son habituales, aunque tienen en el presidente andaluz, Juanma Moreno, a uno de sus objetivos principales, aunque para ello tenga que coincidir con Vox.

La ministra criticó ayer la propuesta de Moreno para que la Unión Europea considere a Andalucía «región especial» por ser la más seca del continente y, por tanto, tenga acceso especial a fondos para obras hidráulicas o se le permita derivar parte del dinero recibido de otras programas a combatir esa debilidad.

Según detalló en sus redes sociales la vicepresidenta tercera «conviene menos lamento y más acción (y no oponerse al pacto verde europeo)» porque «Andalucía es un territorio amenazado por el cambio climático» por lo que «la Junta ha de invertir en resiliencia y adaptación, en agua, suelos, naturaleza, litoral, edificios bien aislados y ciudades verdes. ¿Doñana?», acabó preguntándose. A su juicio, «los problemas de los andaluces -y el agua y Doñana son algunos de los más importantes- no se resuelven con aspavientos sino con gestión eficaz», apuntaba.

Además, la responsable de Medio Ambiente argumenta que «FEDER ya incluye programas de agua en Andalucía, tanto de la mano del estado (programados más de 500 mill) como de la Junta (desconozco cuantía y destino)» y que «al presupuesto ordinario, el gobierno de España ha sumado un programa específico de agua en el plan de recuperación».

El rechazo de la ministra a la petición de Moreno, que ha solicitado por carta una reunión a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para pedirle que, coincidiendo con el Comité Europeo de las Regiones, mantengan una reunión para exponerle la «especial singularidad» que tiene Andalucía como «región más seca de Europa» coincide en el fondo con la del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía.

De hecho, su líder Manuel Gavira criticó el jueves en el Parlamento la propuesta de Moreno porque no se debe «acudir individualmente a Europa, en vez de dar solución en clave nacional», al tiempo que apuntó que «muchas de esas infraestructuras llevan muchos años paralizadas por culpa del bipartidismo de la gran coalición que ha gobernado España durante décadas», en referencia a PP y PSOE.

Las posibles soluciones a la sequía que plantea la ministra Teresa Ribera y Vox son muy diferentes, pero ambos coinciden en que Andalucía no debe tener atención especial por parte de las instituciones europeas, algo a lo que sí se comprometió a plantear Núñez Feijóo durante la campaña electoral en el caso de que hubiera podido convertirse en presidente.

Este escenario adelanta que, en el caso de que Pedro Sánchez consiga el apoyo para seguir como presidente del Gobierno de España, las relaciones con la Junta de Andalucía van a seguir siendo muy complicadas hasta en un tema tan trascendental y sensible como el agua.

Ribera asegura que ya existen mecanismos dentro de los Fondos FEDER y del Plan de Resiliencia para invertir en infraestructuras de agua. En el programa FEDER 2021-2027 existen objetivos para promover el compromiso de «acceso al agua y una gestión hídrica sostenible» y otros encaminados a una «Gestión del agua y conservación de los recursos hídricos». En el caso del mecanismo de resiliencia, existe un PERTE de digitalización del agua encaminado a aplicar las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua y a reducir las pérdidas en las redes de suministro.

El problema de fondo son las grandes infraestructuras de almacenamiento y trasvases entre cuencas, cuestión en la que el Gobierno de España y la Junta tienen modelos distintos.