En plena ofensiva del crimen organizado en la Costa del Sol, el Ministerio del Interior ha decidido relegar a Málaga a un segundo plano en materia de seguridad ciudadana. Así lo ha denunciado hoy la Confederación Española de Policía (CEP), que acusa al Gobierno de cometer "un atentado directo contra la seguridad de Málaga y los derechos de sus policías nacionales" al destinar solo 13 agentes a las Brigadas de la Comisaría Provincial frente a los 102 que irán al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

"Resulta especialmente preocupante que esta asignación se produzca cuando únicamente se prevé la salida de 9 efectivos del aeropuerto", subraya la organización sindical, que tilda el reparto de “completamente desproporcionado y carente de justificación operativa”.

La decisión, que llegará con el próximo Concurso General de Méritos, se produce en un contexto en el que la Costa del Sol está viviendo casos especialmente "llamativos", como lo calificó la semana pasada el propio subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, donde las mafias internacionales llevan años consolidándose. A pesar de ello, la CEP lamenta que no se haya producido "un incremento proporcional del catálogo de puestos de trabajo en las Brigadas de prevención e investigación", lo que está generando "un déficit cada vez más acuciante".

El sindicato se muestra especialmente crítico con lo que considera una maniobra opaca. "Desconocemos los criterios reales que han motivado este notable refuerzo del personal en el aeropuerto", apuntan, y sugieren que podría obedecer "más a intereses políticos o a posibles presiones externas, como las provenientes de la Unión Europea, que a las verdaderas necesidades de seguridad de la ciudadanía".

Para la CEP, este movimiento no es más que otro ejemplo de la desconexión entre los despachos de Madrid y la realidad en las calles. "Esta decisión, adoptada sin transparencia ni criterios objetivos, dejará aún más debilitada la cobertura policial en zonas clave de Málaga, ya afectadas por carencias estructurales de personal y recursos", declaran.

Mientras los malagueños reclaman más seguridad en sus barrios, Interior responde reforzando un destino donde, según el sindicato, "los propios funcionarios denuncian una gestión deficiente, con problemas para disfrutar de sus permisos y jornadas laborales excesivas en los filtros de control, sin apenas tiempo de descanso".

"¿El aeropuerto de Málaga se ha convertido en un agujero negro donde se pierden los recursos humanos o simplemente estamos ante un nuevo ejemplo de mala gestión?", se preguntan desde la CEP.

Más allá del reparto, el sindicato alerta del impacto humano que esta política tiene sobre los propios agentes, que "ven mermados sus derechos laborales y sufren cargas de trabajo descompensadas que afectan a su salud y rendimiento", mientras los ciudadanos "no reciben el servicio policial que corresponde en un Estado moderno y avanzado".

Por todo ello, la organización exige al Gobierno "la revisión urgente de esta distribución arbitraria de efectivos y una estrategia que responda a criterios operativos reales y no a decisiones políticas desconectadas del terreno".

"La Confederación Española de Policía permanecerá vigilante y no dudará en elevar esta denuncia ante las instancias correspondientes, exigiendo respuestas claras y soluciones inmediatas", advierten.

Para los agentes malagueños la solución pasa por "una inversión seria, sostenida y equitativa en materia de seguridad pública", que, según indican, solo será posible con "una dotación presupuestaria adecuada, acompañada de una planificación racional y transparente".