Medidas exprés para combatir la sequía en Andalucía

La previsión de la Junta de Andalucía, que en junio de 2021 aprobó el primer decreto de sequía, ha servido para amortiguar ligeramente los efectos del dramático déficit hídrico de la comunidad, pero la situación ha llegado ya al límite. La consejera Carmen Crespo lleva tres años reclamando al Gobierno un plan de actuación en paralelo y tendiendo la mano incluso para ejecutar obras de competencia estatal y acelerar plazos, consciente de que la crisis se podía agravar, como ha sucedido. En este periodo, la Administración autonómica ha movilizado 141 millones de euros, con un grado de ejecución superior al 70%, mientras en la cuenca del Guadalquivir –el 67% del territorio–, responsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la inversión de emergencia se ha reducido a 9,7 millones. La pobre gestión ha derivado en dejadez –«sequía política», lo llamó Crespo–que ahora obliga a adoptar medidas exprés para proteger miles de empleos de un sector agrario casi arruinado y plantearse ya los temidos cortes de agua para abastecimiento en muchos puntos del territorio.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció ayer que en el Consejo de Gobierno de la próxima semana se aprobará el tercer decreto de sequía, que movilizará otros 163 millones de euros, de los que 40 millones se destinarán a ayudas al sector agroalimentario. Además, se adoptarán medidas como declaración y ejecución de más obras hidráulicas de interés; prórroga a 2023 de la exención del canon de regulación y tarifa de uso del agua, y 10 millones de euros en ayudas para renta y liquidez de los más afectados por la sequía. Es decir, que en menos de tres años se habrán invertido más de 300 millones en medidas de emergencia, al margen de la política de agua.

NI PATANOS, NI TRASVASES... SIN POLÍTICA DE AGUA

«Si no le gustan los pantanos, ni los trasvases, ni la desalación del agua, ¿qué hacemos?, ¿cuál es la política del agua del Gobierno?», se preguntó en una intervención en el Palacio de San Telmo de Sevilla al término de la que la tercera reunión desde su constitución del comité de expertos frente a la sequía impulsado por el Gobierno andaluz.

La campaña del olivar ya se ha visto mermada en más de un 50%; el cultivo de hortalizas al aire libre en la mayoría de los casos no se van a poder cultivar; se van a perder unas 50.000 hectáreas de girasol; la situación de los subtropicales de Granada ya es «catastrófica» en algunas zonas; la continuidad de la sequía obligaría a sacrificar medio millón de cabezas de ganado caprino, la mitad del total andaluz, según la Federación Andaluza de Asociaciones de Ganado Caprino de Raza Pura...

El impacto económico puede provocar que Andalucía crezca menos de lo que estaba previsto y que el PIB se vea rebajado. Y también afectará al de España «porque estamos hablando de la tercera locomotora económica del país y una gran potencia agrícola y ganadera», recordó Moreno. El sector está sufriendo la «tormenta perfecta»: a la sequía se une una «mala» PAC, la subida de los costes de producción y una competencia desleal de exportaciones por parte de terceros países. Según el BBVA, la sequía restará un punto de crecimiento y 35.000 empleos a Andalucía.

LA MESA NACIONAL DE LA SEQUÍA

Por su parte, el Estado ha convocado al fin la Mesa Nacional de la Sequía. «Esperamos que sea para adoptar decisiones y no para cubrir el expediente», enfatizó el portavoz del Gobierno.

El Ejecutivo nacional es responsable del 67% del territorio a través de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. La Junta insiste en que debe «arrimar el hombro para paliar esta difícil situación, ya que «se requiere de más presupuesto, más implicación y más compromiso en la lucha contra la sequía». De hecho, recordó que en los Presupuestos Generales del Estado de este año, la dotación para la CHG haya bajado 11%.

Según la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, el Gobierno debe acometer «las grandes obras hidráulicas en Andalucía» que «están sin hacer» como las presas de Rules, en Granada, y de Alcolea, en Huelva, así como el trasvase de la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, también en la provincia onubense. Ya es urgente que desde «todos los colores políticos» se defienda que «no pueden esperar ni un minuto más».