Economía
Un plan para modernizar los polígonos industriales de Andalucía
La nueva Ley, LEPA por sus siglas, recoge la figura del espacio industrial protegido y 50 millones en ayudas
«Queremos más y mejor industria. Iniciamos la tramitación del anteproyecto de ley para modernizar los más de 2.300 espacios productivos de Andalucía y atraer nuevas inversiones», señaló el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Los polígonos y parques industriales andaluces cuentan con más de 40.000 empresas y por encima de 10.000 autónomos, esto supone el 16% del tejido empresarial y el 22% del total de los trabajadores. Sevilla y Málaga acumulan el 50%. Los empresarios del sector llevan años reclamando a las administraciones un plan de mejoras, de los Ayuntamientos –de los que dependen competencias como el buen estado del acerado o el alumbrado– a la Junta. El peso de la industria en la comunidad está en torno al 13,5% y se aspira a llegar al 18% de la media nacional. Según el inventario de los Espacios Productivos de Andalucía del Instituto de Estadística de Andalucía , la región cuenta con 38.000 hectáreas de polígonos industriales que albergan más de 2.300 espacios productivos en 500 municipios. La línea de ayudas llegará a los 50 millones de euros.
El nuevo texto de la Junta promueve una norma con herramientas específicas para atender las necesidades de los polígonos industriales. El Consejo de Gobierno aprobó el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Espacios Productivos de Andalucía para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), que «nace con el propósito de mejorar las zonas industriales de la comunidad tanto en infraestructuras como en servicios, poner en valor los espacios productivos existentes y aportar seguridad jurídica para facilitar la implantación de industria en los polígonos industriales y parques empresariales andaluces, señaló la Junta. La futura Ley, aunque impulsada por la Consejería de Industria, Energía y Minas, implica especialmente a Presidencia, Economía, Fomento, Sostenibilidad y Administración Local, así como a Agricultura, Igualdad, Innovación, Desarrollo Educativo, Empleo o Cultura, ya que persigue constituir un marco legal que ofrezca una visión integral de los espacios productivos como generadores de oportunidades de desarrollo económico y social, y que además sean capaces de atraer inversión industrial, contando con un entorno capaz de eliminar trabas, simplificar trámites y garantizar procesos ágiles. Otro de los fines es «establecer un modelo de gobernanza basado en la colaboración público-privada y entre las administraciones autonómica y local para abordar la planificación, gestión y mejora de las infraestructuras y servicios, así como en materia de empleo aumentar la cantidad, calidad, seguridad, capacitación y la presencia de la mujer en los espacios productivos».
De igual modo, se persigue regular medidas que faciliten el conocimiento y el acceso al suelo industrial y los suministros energéticos, y que incentiven la localización de industria con una alta capacidad tractora para generar un efecto arrastre sobre la industria auxiliar y el territorio, así como desarrollar el régimen jurídico de las entidades de gestión y modernización. El diagnóstico del que se parte es «una situación de obsolescencia y de falta de instrumentos regulatorios, financieros y de gestión para abordar el mantenimiento, regeneración y modernización de los polígonos industriales, que se pretende abordar de forma ordenada y sistemática». Una de las medidas clave es la creación del espacio industrial protegido, una figura que busca proteger los espacios de alto valor industrial y de alto impacto económico y social y que se beneficiará de una tramitación administrativa preferente.
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