El Gobierno andaluz lleva meses anunciando una nueva ley de vivienda en la región que servirá de contrapunto a la actual normativa aprobada por el Gobierno de España y que el Ejecutivo autonómico considera completamente fracasada por su carácter «intervencionista», lo que ha generado «inseguridad jurídica» y un aumento del precio del alquiler al disminuir la oferta disponible. El nuevo texto ya está ultimado y el compromiso anunciado por el la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, es que se aprobará en el primer Consejo de Gobierno de septiembre para iniciar así su tramitación parlamentaria.

La apuesta de la administración andaluza tiene varios retos pendientes, pero el principal de ellos es que la normativa tenga el suficiente respaldo presupuestario para desarrollar toda su eficacia. De hecho, el Consejo Económico y Social, que ha avalado la nueva norma, ha señalado este extremo en las conclusiones de su dictamen. «Este órgano cree necesario incidir en la necesidad de una cobertura presupuestaria suficiente y adecuada para todas las medidas en materia de vivienda incluidas en el Anteproyecto objeto de este dictamen».

Recuerda el CES que «la inversión en políticas de vivienda que se lleva a cabo en Andalucía está por debajo de la media europea, donde la cifra de inversión es del 0,4% del PIB, y es evidente que de no aumentarse será difícil que la norma dictaminada cumpla su función».

El dato que aporta el CES no es nuevo y algunos partidos políticos lo han utilizado para reclamar al Gobierno andaluz más compromiso con esta materia. Por ejemplo, Vox presentó recientemente en el Parlamento una iniciativa para que la administración andaluza destine «al menos el 0,7% del PIB andaluz en los próximos presupuestos para 2026 exclusivamente para el desarrollo de VPO».

Ese será, por tanto, el gran reto de la Junta de Andalucía de cara a las próximas cuentas de 2026, año que, salvo adelanto, será el de las elecciones. Tendrá que dotar de presupuesto suficiente las políticas de vivienda, independientemente de que la nueva ley esté o no aprobada en esta legislatura.

La hoja de servicios que presenta el Gobierno de Juanma Moreno es positiva pero insuficiente. En el debate sobre política general para repasar la situación de Andalucía, el presidente destacó que entre el año 2019 y el año 2024 se han impulsado más de 13.000 VPO, «cuatro veces más que en el sexenio anterior». También destacó que Andalucía es la comunidad autónoma «con el mayor parque público de vivienda –en torno al 41% del total– y, por último, se congratuló de que 250.000 personas se han ahorrado «460 millones de euros en rebajas fiscales asociadas al acceso a la vivienda en el año 2024».

En cualquier caso, ese esfuerzo es insuficiente porque el propio Moreno admitió que «los andaluces necesitan que se hagan más viviendas para equilibrar la oferta y la demanda, y lograr así precios que tienen que ser necesariamente más asequibles». Y los datos confirman esta necesidad: «Estamos construyendo en torno a nueve, diez mil viviendas al año en Andalucía, cuando las necesidades son de ochenta mil», explicó.

Ese es uno de los problemas a los que pretende dar solución la nueva ley de vivienda, que incluye medidas concretas para aumentar la oferta. Por ejemplo, incluye la «producción de suelo para viviendas a precio asequible», mediante medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que el sector podrá consultar a través de un portal informático o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.

Desde la Consejería responsable en la materia se pretende incidir en la concesión de subvenciones a promotores públicos y privados para que desarrollen proyectos inmobiliarios. Las ayudas se concentrarán en las áreas prioritarias, en las que existen mayores dificultades para el acceso a la vivienda y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación. Además, se simplificará la construcción de vivienda protegida, asimilando a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda. Por último, se impulsará la colaboración público-privada, para garantizar una oferta de adecuada.

Todo ello requiere de financiación pública. El informe económico presupuestario que acompaña al proyecto de ley señala que «el escenario económico-financiero que acompaña a la propuesta recoge los instrumentos financieros estimados para el período 2025-2029, con una dotación de 982,4 millones de euros, en el marco de cuatro planes que se solapan a lo largo de dichas anualidades: Plan Vive 2020-2030 (2ª fase), Plan Estatal de Acceso a la Vivienda (PEAV), Bono Alquiler Joven y Plan Ecovivienda (Next Generation UE)». Abunda que «con ello, se pretende alcanzar el cumplimiento de 129.750 objetivos, definidos como número de viviendas con ayudas concedidas».

Por tanto, para la financiación de las medidas contempladas se necesitan los fondos estatales y europeos que permitan su desarrollo. Así lo especifica el informe de la Dirección General de Presupuestos, que recuerda que deberán consignarse presupuestariamente: «En relación con las necesidades estimadas para las anualidades futuras, 2026 a 2029 y siguientes, hay que indicar que dichos gastos deberán contemplarse dentro de los créditos del Anteproyecto de Presupuesto que apruebe el Consejo de Gobierno para ese ejercicio, en el marco de la envolvente económica asignada; quedando sujeta, en todo caso, a las disponibilidades presupuestarias que finalmente sean aprobadas por las correspondientes Leyes del Presupuesto para esa Sección Presupuestaria, en los distintos ejercicios presupuestarios afectados».

La idea anunciada por la Junta es que la vivienda tendrá un papel protagonista en las cuentas de 2026 que se están preparando, pero para que la ley sea un éxito debe mantenerse el esfuerzo inversor durante varios años.