La indefensión y la desprotección de los educadores de menores en pisos tutelados ya ha sobrepasado todos los límites imaginables. La muerte de Belén Cortés, la trabajadora social de 35 años asesinada recientemente por tres menores en un piso tutelado de Badajoz, ha impactado en toda la sociedad española pero, sobre todo, entre sus compañeros de profesión.

«El asesinato de Badajoz se puede repetir mañana en cualquier piso tutelado o casa de acogida de Aragón», han reclamado los profesionales de Zaragoza frente a la Subdirección de Protección a la Infancia de la DGA, quienes se concentraban el miércoles para denunciar sin ‘paños calientes’ el «miedo y la angustia» con la que trabajan a diario en dichos centros.

Y sí, el miedo existe y es real, dicen

Tan insostenible es la situación que, por ejemplo, en el centro de menores de Juslibol, Zaragoza, el 13% de sus empleados está actualmente de baja por los motines que en su interior se han sucedido repetidamente en los últimos meses. Es decir, a 7 de sus 51 trabajadores sociales se les hace imposible ejercer su trabajo sin que les afecte a su salud mental y vida personal.

El relevante dato anterior solo es una muestra de un problema casi endémico, pues ”se trata de una situación que se está dando tanto aquí en Zaragoza como en Huesca o Teruel. Hay compañeros que hacen turnos solos durante muchas horas o toda la noche. Y sí, el miedo existe y es real”, denuncia Guillermo Esteban Pascual, portavoz de la plataforma que impulsa un convenio autonómico que mejore las condiciones de tan castigado sector.

Agresiones verbales, insultos o amenazas continuadas

Agresiones verbales, insultos o amenazas continuadas que, según también denuncia el sector, no siempre se solucionan con una baja médica por estrés o ansiedad. La mayoría de veces, explica Esteban, las mutuas solucionan el problema recetando fármacos ansiolíticos a los afectados. «Si te pillas el dedo con un cajón de la mesa, seguramente te dan la baja. Pero si a mí me insulta, agrede o amenaza de muerte un chico, yo al día siguiente tengo que volver al trabajo y verme con ese mismo chaval», explica.

Así pues y, sobre todo, para evitar por todos los medios que cualquier menor tutelado vuelva a asesinar a un educador social a sangre fría, desde Aragón los preocupados profesionales exigen soluciones “inmediatas” a la DGA con el único fin de que “nadie tenga que pasar miedo en su puesto de trabajo”, en un momento en el que "se nota una mayor agresividad, que los chicos son más violentos o tienen una mayor predisposición a la violencia”, según alerta Guillermo ante los medios congregados tras la manifestación.