El Principado lanza un programa para luchar contra el fraude en el uso de vivienda pública en alquiler

El Principado de Asturias pone en marcha una iniciativa para combatir el uso fraudulento en la vivienda pública que se encuentra en régimen de alquiler. En concreto, el Gobierno asturiano ha diseñado un plan de inspección con el que pretende prevenir esta situación, tal y como ha comunicado el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico.

Así, con el fin de lograr este propósito, la Consejería duplicará los integrantes en su equipo de inspectores, elevándose de los dos que figura ahora a cuatro. Será el próximo 1 de julio cuando comenzarán las visitas a las viviendas públicas en régimen de alquiler. Según ha anunciado el propio Principado, estiman realizar entre 2.300 y 2.400 visitas a lo largo de un mínimo de seis meses.

En base a lo transmitido por el consejero, “empezaremos por la costa, precisamente, por la presión de estas zonas en esta época del año”. Además, las visitas se llevarán a cabo inicialmente en los inmuebles que se encuentran en los concejos de la costa asturiana, si bien el plan es que se extiendan en todo el territorio.

A través de esta medida se busca garantizar el uso adecuado de aquellos inmuebles adjudicados como primera vivienda, a la vez que se evitaría que los usuarios le den uso como segunda residencia, vivienda vacacional o alguna otra irregularidad. Tal y como ha trasladado Zapico, “nos llegan indicios, por parte de ayuntamientos, de otros vecinos y de corredores de fincas de que se pudieran dar usos no debidos de ese tipo de viviendas. Nuestra obligación es comprobar estos indicios y actuar con contundencia en caso de que sea así”. Para el consejero, este plan proporciona “seriedad” y “valentía” al Ejecutivo regional.

Igualmente, también ha querido puntualizar que, según el balance realizado por los inspectores, esta medida podrá ser ampliada a lo largo de lo que quede de legislatura o incluso verse incrementada en cuanto a la cantidad de inspecciones. Así, ha indicado que “nuestra finalidad última es garantizar que la vivienda pública tenga como objetivo final el destino para el que fue creada, que es asegurar el acceso a una vivienda digna y asequible”.

Actualmente, el conjunto del parque público de viviendas en régimen de alquiler sobrepasa la cifra de 9.500, contando tanto aquellas cuya propiedad forma parte del Ejecutivo asturiano como las de la empresa pública Vipasa. En este sentido, Zapico ha señalado que “no vamos a permitir usos indebidos de ningún inmueble de ese parque”.

Por ello, los inquilinos que realicen un uso fraudulento de este tipo de inmuebles podrían tener que asumir consecuencias como la rescisión del contrato o sanciones, en base a cada caso y su gravedad, según ha aclarado el director general de Vivienda, Jesús Daniel Sánchez, quien también ha anunciado que en la próxima Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se añadirá la figura del inspector.