
La Suiza
Yolanda Díaz anuncia que tramitará el indulto a las seis sindicalistas condenadas de Gijón
La ministra de Trabajo toma partido con las afiliadas a CNT que iniciaron un conflicto con la pastelería gijonesa La Suiza

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este viernes que el Gobierno tramitará el indulto que múltiples organizaciones sindicales solicitarán en nombre de las seis sindicalistas condenadas en Gijón, conocidas como las seis de La Suiza.
El pasado domingo 29 de junio se celebró una multitudinaria manifestación en Gijón con sindicalistas procedentes de toda España que protestaban por la condena a las seis sindicalistas, que fue ratificada por el Tribunal Supremo el año pasado. El mes pasado, el juez Lino Rubio Mayo, titular del juzgado de lo penal número 1 de Gijón, desestimaba la petición de suspensión de condena.
Las sindicalistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) fueron condenadas por "coacciones graves" y por un "delito contra la administración de justicia", si bien las organizaciones que solicitan el indulto enfatizan que las acciones penadas son las propias del libre ejercicio sindical: repartían panfletos y usaban megáfonos en concentraciones autorizadas administrativamente.
Críticas a la sentencia
Ahora, la vicepresidenta del Gobierno se suma a la corriente de voces que tildan la sentencia de "escándalo". "Estoy aquí como Ministra de Trabajo apoyando la reivindicación de que las 6 de La Suiza no entren en prisión y la defensa legítima de los derechos de huelga, de organización y de movilización de los trabajadores", ha defendido. "Esto es algo que no ha pasado nunca".
"Por supuesto, el Gobierno de España tramitará el indulto", ha corroborado. El pasado lunes, el Gobierno asturiano que preside el socialista Adrián Barbón también anunció que se sumaría a la petición de indulto para las sindicalistas de la CNT. El Principado argumentó razones de carácter "humanitario" al quedar constatado que las condenadas cuentan con "plena integración social, laboral y familiar" y que el proceso judicial, que se ha dilatado durante más de ocho años, "ha supuesto ya un severo castigo psicológico y social que excede el daño causado y justifica la aplicación de una medida de gracia".
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