La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asegurado este lunes que Baleares no dispone de capacidad para acoger a más menores migrantes no acompañados y ha acusado al Gobierno central de actuar con “cinismo” e “hipocresía” en la gestión del reparto entre comunidades autónomas.

Fernández ha explicado que este sistema de distribución se ampara en una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a asumir directamente la tutela de estos menores, dado que se trata de una competencia estatal. Sin embargo, la consellera critica que, “cuatro meses después de la sentencia, el Gobierno apenas ha empezado a acoger, en este caso, entre ocho y diez menores de los más de mil que solicitaron asilo”.

En este sentido, ha considerado “paradójico” que el Ejecutivo central pretenda imponer un reparto forzoso a las comunidades autónomas “mientras intenta eludir su propia responsabilidad directa”.

3.000 menores afectados

El próximo reparto, previsto para el 26 de agosto, afectará a unos 3.000 menores, de los cuales 49 serían asignados a Baleares, aunque por el momento el Govern no ha recibido información oficial sobre el procedimiento exacto.

Fernández ha subrayado que los Consells Insulares, responsables directos de la atención a la infancia en el archipiélago, ya superan el 1.000% de ocupación en sus centros. Esta saturación se produce en un contexto en el que Baleares es puerta de entrada directa de la inmigración irregular por la peligrosa ruta marítima desde Argelia. “Es una de las más peligrosas del Mediterráneo y cada día se cobra vidas en el mar”, ha recalcado la consellera.

Flujo migratorio en aumento

Según datos del propio Govern, el flujo de pateras y embarcaciones precarias hacia las islas ha aumentado en los últimos años, incrementando de forma notable la llegada de menores sin referentes familiares. Estos jóvenes, por ley, deben recibir alojamiento, escolarización y apoyo social hasta cumplir la mayoría de edad.

La consellera ha reprochado al Ejecutivo central que “no hace absolutamente nada para frenar a las mafias que se lucran con la desesperación de estas personas” y ha advertido que, en la situación actual, Baleares “no puede ofrecer una atención digna y adecuada a más menores”.

Fernández también ha criticado los criterios del reparto, que considera “poco transparentes” y que, además, excluyen a comunidades como el País Vasco y Cataluña. “No estamos de acuerdo con cómo se ha procedido a este reparto impuesto. El Ministerio habla de proteger a los menores, pero el sistema que plantean los trata más como mercancías que como personas”, ha afirmado.

Un reto para las CCAA españolas

En los últimos años, la acogida de menores migrantes no acompañados se ha convertido en un reto para varias comunidades autónomas, especialmente las situadas en zonas costeras y en las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE), como Canarias, Andalucía, Ceuta, Melilla y las propias Islas Baleares. El crecimiento de las llegadas ha tensionado los recursos y generado un debate político sobre la distribución equitativa de responsabilidades entre territorios.

Fernández ha concluido insistiendo en que el Govern seguirá estudiando medidas legales y administrativas para impedir que se aplique el reparto forzoso en Baleares, reivindicando que “el objetivo debe ser la protección real de estos menores, no un intercambio numérico que no resuelve el problema de fondo”.