Intentan desalojar un poblado chabolista en Ibiza donde viven unas 300 personas

Las fuerzas de seguridad han iniciado este miércoles a las nueve de la mañana el desalojo del asentamiento chabolista Can Rova 2, en Ibiza, tras recibir una orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma que había solicitado el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Un desalojo que finalmente se ha frustrado después de que el abogado representante de los moradores, David Fechenbach, haya presentado una medida de urgencia en los juzgado de Ibiza.

En el asentamiento, situado en una finca rústica junto a la carretera de Sant Antoni a Ibiza, se habían instalado unas 200 personas, muchas de ellas, desalojadas el pasado julio de 2024 del primer asentamiento de Can Rova, ubicado justo al lado.

En el operativo, dirigido por la Policía de Santa Eulària, han participado unos 85 efectivos entre agentes de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, a los que se ha sumado personal municipal como los servicios sociales.

Riesgo de incendio y explosión

La jueza ha basado su auto en informes técnicos municipales en los que quedaba “acreditado el riesgo de electrocución, incendio y explosión” debido a las precarias instalaciones eléctricas y el uso de bombonas de gas butano, así como por la acumulación de basura y matorrales, ha informado el Ayuntamiento de Santa Eulària en un comunicado.

Asimismo, la valla instalada de "manera ilegal por los moradores" discurre una de las principales arterias de suministro de agua de la ciudad de Ibiza y la finca se encuentra anexa a uno de los principales pulmones verdes de la isla que va desde Cas Mut hasta importantes zonas forestales de alto valor ecológico, han añadido desde el Consistorio.

En declaraciones, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, ha explicado que se ha dado tiempo hasta las 15.00 horas para que los habitantes recojan sus enseres y abandonen la finca.

"En principio, se está haciendo la notificación y el trato con los residentes es pacífico”, ha añadido, y ha indicado que la última hora para retirar los vehículos se ha fijado a las 20 horas. Después, los servicios técnicos prevén asegurar la zona para que las personas no vuelvan a entrar Roselló ha dicho que personal de Bienestar Social ofrece a los habitantes una “primera asistencia" para alojarse en pisos y apartamentos “conveniados” con el Ayuntamiento de Santa Eulària.

12.000 euros de caución

Después se les hará el examen de valoración para ver si son familias vulnerables y continuar, en ese caso, con la asistencia social. Por su parte, Guadalupe Nauda, de Podemos y en la oposición en el Ayuntamiento de Ibiza, ha explicado que unos 40 habitantes del asentamiento han contratado a un abogado, se han constituido como vecinos y han pagado una caución de 12.000 euros ante el Juzgado para defenderse.

Nauda ha detallado que el terreno se divide en tres zonas y que se han colocado casetas para separar la zona del medio donde se han instalado personas problemáticas. Los habitantes también han instalado cámaras de vigilancia para defenderse y para vigilar que no se hagan “trapicheos”, así como un gálibo para que no entren más caravanas.

La política ha criticado que “no hay una sola trabajadora social” asistiendo a las familias y ha asegurado que “hay muchísimos niños”, también hay un bebé recién nacido y tres mujeres embarazadas.