Ahora, las pensiones

Hay razones de peso para salir a la calle, alzar la voz y exigir medidas que salvaguarden y mejoren nuestro sistema público de pensiones ante los recortadores sociales, los insolidarios... y esos que siempre están prestos a dinamitar una de nuestras patas de nuestro Estado del Bienestar y hacer dinero con sus planes de jubilación privados. Y quienes deberían participar en dichas movilizaciones no son solamente los que ya están jubilados y reciben una miserable pensión... sino, por solidaridad, todos los jubilados, incluidos los que disfrutan de una pensión digna acorde a lo cotizado durante largos años de trabajo. Pero no solo los jubilados que ya disponen de pensión, digna o miserable, sino también sus familiares directos que, en muchos casos, son quienes deben colaborar al mantenimiento económico diario de sus mayores o quienes, en otros muchos casos y a la inversa, viven de lo que sus mayores pueden aportarles, pues o carecen de trabajo que les permita vivir dignamente o tienen un empleo precario. Las dos caras de un mismo problema.

No solo nuestros mayores y sus familiares están llamados a participar en las movilizaciones que se sigan convocando. También los ciudadanos de mediana edad y que podrían ver su pensión futura claramente mermada, en función de las decisiones políticas y económicas que hoy día se tomen. Y nuestros jóvenes, cuya futura pensión, nos dicen, podría estar en el aire... como avisando a navegantes, no vayan a salir respondones. Otros, con buena voluntad, avisan del futuro que puede esperarles a los jóvenes si no toman partido ya y deciden mirar para otro lado. Son las dos opciones de siempre: avisar de lo que se nos avecina y presentarlo como inevitable o, precisamente porque no es inevitable, avisar de lo que se nos avecina. Unos quieren que bajemos los brazos y los otros, que nos levantemos.

Es obvio que España tiene un grave problema con la sostenibilidad del actual sistema público de pensiones, consecuencia de los problemas económicos que hemos padecido y que siguen sin resolverse (paro, precariedad laboral, bajos sueldos, fraude laboral, fraude fiscal, economía sumergida) y de los graves problemas demográficos a los que ningún partido político dedica la atención que requieren. Además, está el proceso imparable de la robotización, la nueva revolución industrial, las nuevas tecnologías y la globalización, cuestiones que inciden directamente en nuestro mercado laboral, en la desaparición de puestos de trabajo y en el surgimiento de otros muchos.

No existen varitas mágicas pero sí pueden (y deben, es obligación de nuestros mandatarios y de los partidos que se oponen pero no proponen) plantearse soluciones que ayudarían a asegurar, perfeccionar y mejorar nuestro sistema público de pensiones. En primer lugar, desenmascarar a quienes quieren echarlo abajo, bien porque no creen en la solidaridad ni en el reparto, bien porque esperan sacar tajada de su desaparición. En un país con unos salarios de miseria y un desempleo elevado, un sistema de capitalización condenaría a millones de personas a vivir sus últimos años de vida en la miseria. De momento no se oye tanto... pero están al acecho para vendérnoslo.

Además, toca reformar el modelo autonómico actual, por donde se nos van ingentes cantidades de dinero público que podríamos destinar a incrementar las pensiones más bajas. Y suprimir los privilegios que algunos disfrutan a costa del resto, como el cupo vasco, sin el cual podríamos haber incrementado las pensiones de jubilación al menos el IPC, en lugar del 0,25%. Hay que luchar contra la corrupción política y la mala gestión y hacer lo propio en relación con el amiguismo, el enchufismo o el capitalismo de amiguetes. En lugar de rescatar bancos o autopistas, se trata de rescatar a los ciudadanos y, en lugar de comprar submarinos a 400 millones la unidad, destinar esos recursos y muchos más a la I+D+i, la innovación, las nuevas tecnologías, la ciencia o la educación, el futuro de nuestra sociedad. Se trata de incentivar la modernización y la internacionalización de nuestras empresas, así como la creación de empleo digno y estable, en lugar de proponer por la puerta de atrás nuevos contratos basura o indemnizaciones de vergüenza. Se trata también de procurar una mayor igualdad entre sexos y de tomar medidas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y la natalidad.

Es obvio que hay margen suficiente para garantizar el sistema público de pensiones e incrementar las actuales pensiones que cobran nuestros mayores, especialmente las más bajas. En este caso, es cuestión de voluntad política. Hay margen para reducir gasto superfluo e improductivo y destinar ese ahorro a lo realmente importante. Hay que hacer frente al fraude laboral, al fraude fiscal y a la economía sumergida. Hay que tomar medidas para modernizar nuestro modelo productivo. Hay pensar en el presente pero también en el futuro, y no es tanto cuestión de que se nos haya acabado la hucha de las pensiones como de no querer tomar medidas políticas y económicas que realmente sean efectivas, incluida, por cierto, la revisión del sistema fiscal para hacerlo más justo y progresivo y para hacer que quienes más tienen paguen más y paguen quienes siempre se salvan de hacerlo.

Y es que las Pensiones son, sin duda, uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, un eje de solidaridad intergeneracional e interterritorial, un derecho, un símbolo de progreso y una conquista democrática que debemos proteger frente a los depredadores, los privatizadores y los carentes de sensibilidad social, algunos de los cuales nos gobiernan y otros están prestos a hacerlo.