Canarias vuelve a quedar relegada en el tablero político nacional mientras el Gobierno de España encadena otro tropiezo fiscal. Ese sería el resumen tras el rechazo del Congreso a la senda de stabilidad propuesta por Moncloa, una notación que el Ejecutivo sabía perdida desde días antes, recorta al Archipiélago 200,5 millones en margen de gasto entre 2026 y 2028. La decisiñon no solo golpea a una comunidad con graves carencias en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, sino que evidencia la incapacidad del gabinete de Pedro Sánchez para asegurar un marco financiero estabnle incluso para territorios especialmente dependientes de la financiación estatal como las Islas.

La prpuesta del ministerio de Hacienda ofrecía a las autonomías una décima de déficit en esos ejercicios, lo que en la práctica se traducía en algo más de oxígeno para financiar servicios publicos sin aplicar recortes. Tras el rechazo del Congreso se activan los objetivos más duros del plan fiscal estructural enviado a Bruselas, que obliga a las comunidades a cerrar sus cuentas en equilibrio, sin margen de desequilibrio negativo. Es decir, Canarias no solo pierde los 200,5 millones de capacidad de gasto extra que Moncloa le había primetido, sino que deberá ajustarse a una disciplina presupuestaria más estricta diseñada en despachos lejanos al día a día de los hospitales, los colegios o los servicios sociales insulares.

El contraste resulta evidente, porque hace solo unos días, Hacienda presumía de que el Archipiélago recibiría en 2026 las mayores entregas a cuenta de su historia, con 7.101 millones y un incremento cercano al 8% respecto al ejercicio anterior. Al mismo tiempo, la propia Moncloa calculaba que la senda rechazada permitiría a Canarias sumar esos 200,5 millones adicionales entre 2026 y 2028 para reforzar precisamente el Estado del bienestar en el territorio más alejado del continente. Ahora ese colchón desaparece y las Islas quedan igual de sometidas a la nueva regla fiscal europea pero sin la flexibilidad que el Gobierno había usado como argumento de buena voluntad.

En total, el conjunto de las autonomías pierde 5.485 millones de margen de gasto en el trienio, según los propios números de Hacienda. Madrid, Cataluña y Andalucía concentran la mayor parte del ajuste, aunque el impacto relativo en regiones con menor tamaño económico, como Canarias, puede resultar más duro sobre servicios muy tensionados.

La posición del Gobierno tampoco ayuda a despejar incertidumbres -nada nuevo-. Bruselas ha advertido de que España corre el riesgo de incumplir el límite de crecimiento del gasto en 2026, entre otras cosas porque aún no ha presentado sus Presupuestos para ese ejercicio, y así es imposible hacer una evaluación rigurosa. Aun así, Moncloa insiste en que la senda frustrada era la mejor garantía para compatibilizar disciplina fiscal y protección del estado social. El resultado práctico para Canarias es muy distinto, ya que el territorio pasa de tener una ligera holgura fiscal a encarar unos años en los que cada euro adicional tendrá que disputarse con una regla de gasto rígida y con el examen permanente de las instituciones europeas.

Mientras tanto, el Ejecutivo autonómico sigue adelante con sus propias cuentas. El proyecto de Presupuestos canarios para 2026, que asciende a 12.491,4 millones y crece en torno al 7%, está afrontando su recta final en el Parlamento regional. Las fuerzas que sostienen al Gobierno han pactado ajustes internos por casi cien millones, intentando blindar las áreas sociales frente a la ralentización económica, aunque la oposición denuncia que el reparto de recursos consolida desequilibrios territoriales y deja sin respuesta problemas estructurales en educación y vivienda. Todo este debate se produce ahora con un marco estatal mucho más incierto, que complica la planificación plurianual de la comunidad.

La relación con el Gobierno de España tampoco atraviesa su mejor momento, si es que en algún momento lo ha hecho. Canarias ya se había abstenido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que analizó la nueva senda, al considerar que llegaba tarde, generaba contradicciones entre el fuerte aumento de ingresos y la regla de gasto y no aclaraba cómo se tendría en cuenta la condición de Región Ultraperiférica en el futuro modelo de financiación. El Ejecutivo central prometió una propuesta detallada a principios de 2026, incluida una posible revisión de los porcentajes de impuestos cedidos, pero por ahora solo hay anuncios y ningún documento cerrado. El Archipiélago vuelve a quedar en tierra de nadie.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que presentará los Presupuestos Generales del Estado aunque el Congreso vuelva a tumbar la senda y que su intención es registrar el proyecto en el primer trimestre para que las cuentas puedan estar aprobadas en primavera. Sin embargo, en un Archipiélago con una de las mayores tasas de pobreza de España, una cesta d ela compra cada vez más cara y de la vivienda es mejro no hablar, la pérdida de 200,5 millonoes de mergen de gasto no es una simpleza menor, porque pueden ser inversiones que no se produzcan, listas de espera que tardarán más en reducirse y programas sociales que deberán competir por recursos cada vez más escasos . El Ejecutivo central ha decidido seguir adelante como si nada se hubiera roto en el Congreso. Para Canarias, en cambio, el cristal fiscal ya se ha resquebrajado.