Sanidad admite "mala praxis" y fallos en un cáncer terminal en Canarias: "Nunca se programó un TAC solicitado tres años antes"

El Servicio Canario de Salud ha reconocido "mala praxis" en la atención prestada a un paciente de 54 años al que se le diagnosticó con retraso un cáncer de pulmón en estadio IV con metástasis en hígado, páncreas, ganglios y huesos, tras una sucesión de consultas en distintos centros sanitarios del Archipiélago. La resolución administrativa, emitida en julio de 2024, fija para sus hijos una indemnización de 19.152 euros en aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad, una cuantía que representa únicamente la cuarta parte de los 76.611 euros reclamados por la familia. La Asociación El Defensor del Paciente, que ha difundido el caso este jueves, sostiene que el retraso diagnóstico y los "errores médicos" denunciados quedaron acreditados a lo largo del proceso.

Un diagnóstico tardío

Según relata la Asociación El Defensor del Paciente,el hombre acudió en repetidas ocasiones a su centro de salud, a Urgencias del Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, y posteriormente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, donde se produjo lo que la entidad describe como una "evidente demora" hasta obtener el diagnóstico definitivo de cáncer avanzado. La organización subraya que "solo tuvo opción a tratamiento paliativo, quedando ingresado en neumología con mal pronóstico dado lo avanzado de la enfermedad, hasta que falleció el 17 de agosto de 2023".

La defensa del caso, asumida por el letrado Damián Vázquez desde los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente, sostiene que la víctima y sus allegados encadenaron consultas sin que se activara a tiempo un protocolo oncológico. La familia denunció que el enfermo fue atendido en atención primaria y en el Hospital de La Gomera con diagnósticos alejados de la realidad clínica y que la etiqueta de "síndrome general" sustituyó al diagnóstico de un proceso tumoral hasta que la situación fue irreversible. La propia Asociación resume el caso con una frase contundente al afirmar que "existe una demora constatada en el diagnóstico, con errores como indicar 'síndrome general', en lugar de un cáncer".

Pruebas clave sin citar, demoras y un alta considerada precipitada

En la reclamación presentada ante el Servicio Canario de Salud, el letrado Vázquez hizo constar "retrasos injustificados en pruebas clave". El escrito menciona un TAC torácico solicitado por Neumología en 2020 para el que, según la familia, el paciente "nunca" habría sido citado. Además, detalla otro TAC toracoabdominal pedido tras una ecografía del 3 de junio de 2023, que mostraba lesiones hepáticas de probable malignidad y que "no se programó hasta acudir a Urgencias, el 9 de agosto de 2023".

La denuncia añade que, pese a la gravedad del cuadro, el paciente recibió el alta hospitalaria el 10 de agosto “sin esperar el informe del TAC que confirmaba neoplasia pulmonar con metástasis múltiples”. Ya en la fase de valoración administrativa, el propio Servicio Canario de Salud ha reconocido que en agosto de 2023 se produjo un “alta precipitada” desde Urgencias “sin esperar el informe del TAC que exigía ingreso o derivación”. La Asociación recuerda, además, que el Consejo Consultivo de Canarias subrayó en su dictamen que el resultado de la prueba habría conllevado el ingreso en planta de Neumología u Oncología o la derivación al hospital de referencia, sin embargo "se dio el alta a domicilio sin esperar el resultado del TAC".

La familia reprocha, igualmente, una falta casi absoluta de comunicación. Durante el proceso, los allegados consideran que no se les explicó con claridad la gravedad del cuadro ni se les ofreció información estructurada sobre opciones terapéuticas. El colectivo de pacientes resume esta parte del caso al señalar que el trato recibido estuvo "ocasionado por el retraso en las pruebas, y por los diagnósticos médicos erróneos" tanto en atención primaria como en el Hospital de La Gomera.

El SCS reconoce infracciones, pero limita la reparación al 25%

La resolución dictada por el Servicio Canario de Salud en julio de 2024 admite infracciones de la lex artis, aunque limita la cuantía a ese 25% con base en la "pérdida de oportunidad". El organismo asume que no se llevó a cabo el TAC torácico pedido por Neumología en 2020, que la atención no permitió un diagnóstico precoz ni el inicio de tratamiento para el tumor pulmonar y que se produjo una demora relevante en la programación del TAC solicitado en junio de 2023, a pesar de la ecografía con lesiones hepáticas sospechosas.

El texto administrativo también asume que el alta desde Urgencias en agosto de 2023 se emitió sin esperar el resultado definitivo del estudio radiológico, que confirmaba una neoplasia pulmonar con metástasis múltiples y exigía ingreso hospitalario o derivación a otro centro. Pese a estas constataciones, el órgano gestor entiende que la enfermedad se hallaba en un estadio muy avanzado y que la intervención sanitaria, aun siendo correcta, difícilmente habría evitado el desenlace, de ahí la aplicación de la figura jurídica de la pérdida de oportunidad para justificar la reducción de la compensación.

Una decisiñon que el Defensor del Paciente califica de "inaceptable"

Desde El Defensor del Paciente se valora que la resolución reconozca responsabilidad sanitaria, pero se rechaza de plano la rebaja automática al 25% cuando, en palabras de la propia entidad, "existe mala praxis probada". La presidenta de la Asociación, Carmen Flores, ha calificado de "inaceptable" que, tras admitir “mala praxis” y un “fallecimiento” vinculado a esa conducta, el Servicio Canario de Salud rebaje la indemnización a una cuarta parte amparándose en “una pérdida de oportunidad que no corresponde a casos con infracción acreditada”.

Flores reclama que se otorgue “la reparación íntegra” a los hijos del fallecido y reclama cambios estructurales en la sanidad canaria para impedir que se reproduzcan episodios similares. Desde la organización se exige que “nunca más” se repitan “retrasos diagnósticos, altas precipitadas y ocultación de información a los pacientes en el archipiélago”, al entender que este caso ha puesto de manifiesto fallos de coordinación, de gestión de agendas y de comunicación clínica que no pueden quedar sin corrección.

La familia estudia recurrir

El entorno del paciente, el abogado Damián Vázquez y la propia Asociación anuncian que no están conformes con la resolución y abren la puerta a la interposición de un recurso contencioso administrativo. En este senitdo, entienden que la reducción al 25% no se ajusta a derecho cuando la Administración reconoce expresamente las infracciones cometidas.

Vázquez sostiene que “la propia Administración admite múltiples incumplimientos de la lex artis que afectaron al diagnóstico, la información y la continuidad asistencial, impidiendo un diagnóstico temprano y tratamiento del cáncer, por lo que no es jurídicamente procedente reducir la indemnización por una supuesta pérdida de oportunidad, sino aplicar la reparación integral del daño causado a la familia o hacerlo con un pago mínimo del 25%, con lo que no mostramos conformidad”. El letrado remata su crítica con una frase que considera clave en el expediente al afirmar que “es un fallo brutal no citar al paciente para la prueba diagnóstica de TAC que tenía prevista”.