Castilla-La Mancha estudia recurrir el reparto de menores migrantes por falta de financiación

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico estudia recurrir el decreto-ley del Gobierno central sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, debido a discrepancias en el modelo de financiación propuesto.

Desde la Feria de Artesanía de Cuenca, Martínez Guijarro ha subrayado que la región "siempre ha demostrado su solidaridad" y está "dispuesta a colaborar", pero ha advertido que esta cooperación no puede suponer un coste adicional para los presupuestos autonómicos.

La principal objeción del Gobierno regional se centra en la atención a los 600 menores que se le asignarían, al considerar que los 100 millones de euros previstos por el Ejecutivo central son insuficientes. "No tenemos 600 plazas para esos niños", ha recalcado Guijarro, mientras que subrayaba que la financiación es claramente "escasa" para hacer frente a lo que se pretende.

Martínez Guijarro ha dejado claro que Castilla-La Mancha acatará la legalidad, pero también defenderá sus intereses. Por ello, no descarta recurrir el decreto tras analizar su contenido en profundidad. Además, ha instado tanto al Gobierno de España como al principal partido de la oposición a alcanzar un acuerdo nacional sobre cómo abordar la atención a estos menores.

Presupuestos

En otro orden de cosas, el vicepresidente se ha referido al inicio del curso político, señalando que el próximo Consejo de Gobierno abordará el techo de gasto con vistas a su aprobación en el pleno de septiembre. A partir de ahí, comenzará la elaboración de los presupuestos autonómicos para 2026.

El objetivo, ha asegurado, es que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero y se centren en garantizar los servicios públicos, mejorar infraestructuras y consolidar el crecimiento económico.

En este contexto, Martínez Guijarro ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad urgente de reformar el sistema de financiación autonómica, al que ha considerado "clave" para mantener los servicios esenciales.