Castilla y León

Sigue vigente el Plan de la Junta de aprovechamientos comarcales del lobo

El TSJCyL desestima la medida cautelar de suspensión solicitada por Ascel

Continúa con plena vigencia el plan de la Junta de aprovechamientos comarcales del lobo en Castilla y León
Continúa con plena vigencia el plan de la Junta de aprovechamientos comarcales del lobo en Castilla y Leónlarazon

La Sala de lo Contencioso administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado la medida cautelar de suspensión de la vigencia del Plan de aprovechamientos comarcales del Lobo al Norte del Duero solicitada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel).

Un auto judicial que admite la argumentación formulada por la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, aplicando por primera vez la doctrina marcada recientemente por el Tribunal Supremo que declaró la legalidad del Decreto de la Junta de 2015 que regulaba la caza.

Ascel había presentado un recurso contencioso contra el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León para las temporadas anuales desde 2019 hasta 2022 y había solicitado la suspensión cautelar de su vigencia.

De esta manera, la Sala de Valladolid no acepta dicha suspensión, aunque declara el Decreto legal. Señalaban los Servicios Jurídicos de la Junta que constan en el expediente de aprobación de la Resolución un amplio anexo que contiene el censo regional del lobo 2012-2013, el inventario de manadas, la estimación poblacional, la valoración de la mortalidad no natural, la exclusión de aprovechamiento cinegético de determinadas comarcas loberas o, entre otros, la clasificación de las comarcas loberas y porcentajes de extracción, que deben considerarse suficientes a la hora de determinar su caza limitada.

Así lo admite la Sala, que, ponderando los intereses en juego de ambas partes, considera más necesario de protección el interés público perseguido por la Junta de Castilla y León.