Castilla y León, ejemplo de diálogo y consenso en beneficio de sus ciudadanos

El documento para un nuevo tiempo que se firma este miércoles cuenta con 86 medidas económicas, sanitarias y sociales

Castilla y León vuelve a dar ejemplo de diálogo y consenso y sus políticos dejan a un lado sus discrepancias para buscar el beneficio de los ciudadanos. Y es que este miércoles el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompañado del vicepresidente, Francisco Igea, suscribirá el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León con los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios.

Un documento que contempla hasta 86 medidas económicas, sociales y de mejora de la Sanidad de calado para un nuevo tiempo en la Comunidad. En materia sanitaria, destaca la definición de nuevo modelo de ordenación sanitaria sobre la base de la equidad y la calidad; avanzar desde el diálogo con expertos en el nuevo modelo de Atención Primaria; un fondo de 250 millones de euros para la recuperación de la Sanidad destinado a paliar los efectos de la Covid-19; reforzar los dispositivos de salud pública o establecer una estrategia ante el riesgo de repunte de la pandemia con especial hincapié en el refuerzo de la medicina de familia, que incluya contrataciones de profesionales y la compra de suministros sanitarios.

En el ámbito económico, el acuerdo propone estimular el empleo de personas y colectivos más afectados por la pandemia, incrementar la liquidez de autónomos y pymes o aplazar el pago de tributos autonómicos además de definir un fondo de recuperación para empresas en la Comunidad y elaborar un nuevo Plan de Promoción Industrial en el marco del Diálogo Social.

En materia de protección social, el documento que se firmará este miércoles contempla la revisión del modelo de atención residencial y adaptar el mismo a las nuevas circunstancias; elaborar una Ley de Atención Residencial e incrementar un 25 por ciento las plazas residenciales de responsabilidad pública así como las prestaciones de teleasistencia y pedir al Gobierno de España que el ingreso mínimo vital lo gestione Castilla y León en las mismas condiciones que ha otorgado a Navarra y País Vasco.

Asimismo, el acuerdo prevé 728 millones en inversiones sociales hasta 2025; profundizar en la rendición de cuentas; establecer ayudas directas a familias vulnerables con hijos en edad escolar para el acceso a ordenadores; fortalecer la coordinación con la administración local y constituir un fondo de 80 millones, de los que la mitad se transferirán a las entidades locales para empleo e inversión; una fiscalidad positiva en el medio rural o suspender el trámite parlamentario para eliminar el impuesto de sucesiones. Con la rúbrica del acuerdo se pone fin a la negociación iniciada entre la Junta y los grupos durante la pandemia.

Además, la firma se producirá cuando ya ha finalizado el periodo de luto oficial, pero antes de que finalice la vigencia del Estado de Alarma con el que España ha gestionado la crisis sanitaria del Covid-19.