El Consultivo augura un aluvión de quejas por la Covid

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sñanchez de Vega, presentaba ayer en las Cortes la Memoria Anual de 2019 de esta institución, que sigue incrementando su actividad cada ejercicio.

E pasado año efectuó 622 dictámenes, un 12 por ciento más, y 215 resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl), un 66 por ciento más también que en 2018,con la emisión de 195 resoluciones y su resolución media es de 29 días sobre los dos meses que marca la ley. Además, durante el estado de alarma reflejó casi un centenar de resoluciones y 34 recursos por importe de 245 millones, que contabilizarán ya en informe de 2020.

Por todo ello, De Vega pedía más presupuesto y personal letrado ante el aumento de carga de trabajo, pero también ante el «aluvión» de reclamaciones patrimoniales en materia de Sanidad que esperan en los próximos meses por la Covid.

Al respecto, advertía de las consecuencias que podría tener la decisión de dejar en manos de los tribunales administraciones determinadas reclamaciones contractuales para evitar el “colpaso” de la justicia.

Asimismo, Sánchez de Vega reclamaba una nueva Ley para el Consejo Consultivo y el Tarccyl, para agilizar su funcionamiento y ganar en autonomía, algo en lo que hubo unanimidad entre los grupos parlamentarios, y ofrecía al Legislativo autonómico asesoramiento en el próximo periodo de sesiones para avanzar hacia un nuevo instrumento legal.

Además, demandaba renovar la regulación de su funcionamiento, tanto sobre los acuerdos, como sobre la imposición de multas, y apuntó que se podría permitir la docencia de los consejeros, como ocurre en el Consejo de Estado. También pidió más autonomía para su organización interna, pese a la adscripción a las Cortes, para poder decidir sobre la relación de puestos de trabajo o su actividad interna.

“Los ciudadanos ven en el Consejo Consultivo una importante garantía jurídica para los procedimientos y los actos administrativos, además de cercanía” y rapidez en los dictámenes en la protección de sus derechos”, destacaba el presidente de esta institución propia de la Comunidad con sede en Zamora, quien ponía en valor la agilidad con la que se emiten los dictámenes y resoluciones a pesar del incremento de la actividad; la autoridad dado que las decisiones de las administraciones consultantes se toman en casi un 96 por ciento y en tercer lugar, la escasa litigiosidad que provocan las resoluciones del Tribunal.

Los grupos parlamentarios, por su parte, expresaban su disposición a iniciar una reforma de la Ley del Consejo Consultivo y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales para actualizar la normativa, e incorporar a los dos órganos en la misma regulación e incorporar aspectos como las multas ante recursos.

La socialista Yolanda Sacristán apostó por aprovechar la reforma legislativa para otorgar más agilidad y eficiencia en la gestión interna de los medios técnicos de la institución, cuyo trabajo reconoció. Además, valoró que las resoluciones se adoptan por debajo del plazo legal y puso el acento en el volumen de las reclamaciones patrimoniales en materia de sanidad, lo que se agravará tras la pandemia, informa Ical.

La procuradora de Podemos Laura Domínguez recalcó la falta de personal, más aún ante el incremento previsible de la actividad, y puso de manifiesto la demora en reclamaciones patrimoniales de sanidad.

La ‘popular’ Leticia García señaló que la institución es una “garantía” de la aplicación del derecho, por lo que valoró que se mantuviera la actividad a pesar de la pandemia, y tomó nota de su demanda de más presupuesto y de la necesidad de actualizar su normativa.

Finalmente, en nombre de Ciudadanos, la parlamentaria María Montero pidió que se haga un esfuerzo en los próximos meses para mantener los tiempos de resolución y valoró la “utilidad” y “solidez” del Consejo, por lo que animó a su presidente a continuar con el esfuerzo de difusión de la institución.

Alba Bermejo, vicepresidenta de la Comisión de Presidencia

La procuradora palentina de Ciudadanos Alba Bermejo se convirtió hoy con los votos de PP y Cs y la abstención del resto en vicepresidenta de la Comisión de Presidencia de las Cortes, en sustitución de Juan Pablo Izquierdo, que renunció a su escaño al ser nombrado alto cargo de la Consejería de Empleo e Industria.

Alba Bermejo Santos es palentina (1987) y licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra. Ha desarrollado su actividad profesional en Informativos Onda Cero Cádiz; Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y comunicación corporativa. Asimismo, gestiona un Albergue de peregrinos en la provincia de Palencia.