Blanco pide al Gobierno “realidades” y no proyectos de futuro para ayudar a conciliar a las familias

La consejera se reúne con la ministra Irene Montero por videoconferencia, a la que pide más fondos para los programas de corresponsabilidad y para atender a las víctimas de violencia machista

“Lo importante es poner encima de la mesa realidades y no proyectos de futuro”. Esta es la principal petición que le ha hecho la consejera de Familia, Isabel Blanco, a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en materia de conciliación familiar, durante la reunión telemática que han mantenido este jueves junto a otros representantes de otras Comunidades.

Blanco trasladaba a la ministra algunas de las medidas que se aplican en Castilla y León que pueden servir de ejemplo a nivel nacional para ayudar a las familias a conciliar en estos tiempos de pandemia, que incluye un cheque servicio de ayuda para la contratación de un cuidador para un menor positivo confinado y otro programa de ayuda a domicilio para la contratación de un cuidador en caso de cuarentena por contacto con un positivo, éste último decreto convalidado ayer por las Cortes regionales.

Asimismo, la consejera pedía al Gobierno de España más fondos para estos programas de conciliación y corresponsabilidad familiar pero también para la atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Respecto de la violencia hacia las mujeres, Blanco recordaba que las autonomías que apostaron por el cierre de los prostíbulos han expresado su imposibilidad de llevar a efecto esta medida ante la falta de legislación, por lo que reivindicaba una ley integral que dé respuesta a este problema, y no solo la modificación de la ley de Protección de Libertad Sexual en la que trabaja el Ministerio y su titular, a quien demandaba que sea ella quien lidere el cierre de prostíbulos.

En estos momentos en Castilla y León no existe un aumento significativo de la violencia machista, según ha asegurado la consejera, quien recordaba igualmente a la ministra que esta Comunidad fue pionera con una ley con objetivo de violencia cero en la que se incluye la trata y explotación sexual de mujeres ente las distintas formas de violencia.