Hacia una atención ciudadana más ágil, eficaz y transparente

Castilla y León se dirige hacia una atención ciudadana, tanto presencial como on line, más ágil, eficaz y transparente y apoyándose en las nuevas tecnologías para la realización de los distintos trámites administrativos, ahora electrónicos, de forma homogénea y uniforme en todas las oficinas, con un trato de confianza, personal y personalizado. Y más ahora si cabe con la pandemia y los cambios que esta crisis sanitaria, económica y social esté provocando en la forma de vida y atención por parte de las Administraciones públicas.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, que dirige Francisco Igea, ha anunciado este sábado el inicio del proceso para tramitar el decreto que regule las oficinas de asistencia en materia de registros y abre para ello su consulta a la sociedad a través del portal Gobierno Abierto de la Junta hasta el 15 de octubre para que los ciudadanos puedan aportar sus ideas y enriquecerlo.

Objetivo: dar respuesta y adaptarse a los cambios derivados de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, que en la práctica han supuesto un cambio de forma de actuación de las Administraciones Públicas dirigidas a un funcionamiento íntegramente electrónico. Esta circunstancia no puede suponer una discriminación respecto al acceso a los servicios públicos o a cualquier actuación o procedimiento para aquellos ciudadanos que no disponen de los medios o conocimientos para acceder a estas herramientas en su comunicación con la Administración.

Un decreto que, según fuentes de la Consejería, nace con vocación de abordar la regulación de la organización y funcionamiento de un nuevo modelo de oficinas de asistencia en materia de registro orientado al ciudadano, que incorpora las mejores tecnologías y simplifica los procesos, así como del sistema de registro único de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Objetivo; revisar y mejorar la normativa actualmente vigente en materia de servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y a adaptarse a las exigencias que imponen las nuevas relaciones con los ciudadanos, las obligaciones en materia de transparencia y la protección de dato derivadas de los cambios en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la del Régimen Jurídico del Sector Público, que han supuesto un cambio de forma de actuación de las Administraciones Públicas dirigidas a un funcionamiento íntegramente electrónico.

“Trabajamos para facilitar a todos los ciudadanos el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, siempre con una visión integral que posibilite ofrecerle servicios digitales claros, rápidos, seguros, proactivos y personalizados”, apuntan desde la Consejería de Transparencia, desde donde aseguran que esta asistencia es “prioritaria” y llaman a aprovechar la oportunidad que brinda el actual entorno digital “para que la actividad pública sea más transparente, eficiente, ágil y responsable con los recursos disponibles”.