Transportes sigue sin tomar "ninguna" decisión sobre el modelo de gestión de la AP-6, la AP-61 y la AP-51 a partir de 2029

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue sin adoptar “ninguna” decisión por el momento sobre el futuro modelo de gestión de las autopistas AP-6, la AP-61 y la AP-51, que comunican Castilla y León con Madrid, dado el tiempo que resta hasta la finalización de la concesión el 19 de noviembre de 2029.

Así lo trasladó este lunes la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, en su respuesta oral al diputado ‘popular’ Héctor Palencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, quien acusó al Ministerio de estar ocultando la documentación y de no respetar los derechos que asisten a los parlamentarios y que recoge la Constitución.

En ese sentido, la secretaria general de Transporte Terrestre no aclaró que ocurrirá a partir de 2029 a pesar de la insistencia del diputado para que dijera si habrá de nuevo un peaje en la AP-6, la AP-61 y la AP-51 o si en cambio estas autopistas pasarán a ser de uso gratuito. Por el contrario, argumentó que el actual Gobierno ha liberalizado las autopistas cuando han finalizado las concesiones y, como ejemplo, puso a la AP-1 en Burgos.

Héctor Palencia, sin embargo, señaló que la respuesta dada no es propia del Parlamento sino una “excusa de visita de colegio en el Ministerio”, por lo que acusó a Transportes de “mentir y engañar”. “Hubiera preferido que me hubiera dado la previsión meteorología”, dijo el diputado del PP por Ávila, quien rechazó la “palabrería” de la secretaria general, a la que advirtió de que todo “se acabará sabiendo”.

Según señaló, el Ministerio se niega pese a sus repetidos intentos a facilitar el acuerdo alcanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la Comisión Europea y que se recoge en la comunicación de 2011 de Bruselas en respuesta al ‘non-paper’ remitido por España, ya que dice que la nueva licitación se hará por un periodo de siete años. “Son una mafia”, que “ha secuestrado la democracia”, ya que se admite a instituciones como el Defensor del Pueblo lo que se niega a los diputados, denunció Palencia.

De nuevo, la secretaria general de Transportes recordó que la concesión comenzó en 1999, cuando se estableció una duración mínima de 32 años y máxima de 37, por lo que finalizaba en 2036, un plazo que debería haberse fijado transcurridos 20 años, si bien antes se produjo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en abril de 2010 reconocía la vulneración de las normas de contratación.

Esto llevó al Gobierno a fijar en 2012 una reducción de siete años en la concesión y se fijó en 2022 su finalización en 2029, así como la obligación de licitar la explotación por el periodo de siete años que se minoró el contrato con Castellana de Autopistas, sin que por el momento se haya adoptado ninguna decisión.

Finalmente, Rocío Báguena explicó que el Ministerio de Transportes no puede facilitar el primer avance del estudio de actuaciones contratado para estas autopistas, correspondiente a la Fase A, tras la finalización de la concesión, porque es un documento no aprobado.