Castilla y León ayudará con 130.000 euros a localizar los restos de las víctimas de la Guerra Civil

Las ayudas convocadas por la Junta de Castilla y León para que las asociaciones de Memoria Histórica presenten proyectos subvencionables de recuperación de restos de víctimas de la Guerra Civil Española y de la Dictadura de Franco se mantendrán en la cuantía de 130.000 euros con la que nacieron en 2019, aunque en este caso servirán para dos anualidades, 2020 y 2021, con 65.000 euros para este año y la misma cantidad el que viene.

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras reunirse con los miembros del Consejo Asesor de la Memoria Histórica que preside el ex secretario general de CCOO en Castilla y León, Ángel Hernández, a quienes ha explicado que esta dotación es “ampliable”, en función de la disponibilidad presupuestaria de 2021, para subvencionar en régimen de concurrencia competitiva diferentes fases de actuaciones sobre los restos humanos de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

La investigación preliminar de fosas, su localización, la exhumación, la intervención arqueológica, la investigación forense y antropológica, la identificación, el análisis de ADN y la posterior inhumación serán objeto de estas subvenciones, según ha explicado la Junta en un comunicado.

Estas subvenciones forman parte del desarrollo de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Además, la orden establecerá que si las disponibilidades presupuestarias en el año 2021 lo permitieran, el crédito de la convocatoria podrá ser incrementado en una cuantía adicional máxima igual a una de las anualidades, mediante la modificación de la esta orden y la realización trámites de fiscalización correspondientes.

Cooperación con el Gobierno de España

En la reunión, el secretario general de la Consejería de Transparencia, José Miguel García, ha explicado que el pasado 2 de octubre mantuvo una reunión con el director general de la Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Diego Blázquez, en la que se abordó la necesidad de coordinar las actividades que en materia de memoria histórica realizan ambas Administraciones públicas

García también informaba de la colaboración de la Junta de Castilla y León en la elaboración del séptimo informe periódico de España ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se apunta como buena práctica de carácter emblemático la creación de dos órganos colegiados en los que se sustentan, de un lado, las políticas de la memoria histórica y democrática -el Consejo Asesor- y, de otro, las decisiones técnicas -el Consejo Técnico-.