Nuevos recursos para embarazadas en riesgo de exclusión y víctimas de maltrato y explotación sexual

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que dirige Isabel Blanco destina más de 611.000 euros para distintos programas que llevarán a cabo entidades del Tercer Sector para echar una mano a mujeres embarazadas que se encuentran en riesgo de exclusión social o víctimas de malos tratos o de explotación sexual.

El departamento que dirige Isabel Blanco ha resuelto la convocatoria de subvenciones convocada el pasado 28 de julio relativa a la realización de proyectos de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que tiene también como beneficiarias a las entidades deportivas que fomenten la igualdad en el deporte.

Con estos recursos se podrán financiar diversos programas con jóvenes en situación de riesgo. así como los gastos realizados con cargo a estos proyectos a lo largo de todo el año 2020.

Una iniciativa que se concretaba en líneas de ayuda dirigidas al desarrollo de proyectos para el asesoramiento y atención a víctimas de violencia de género, la prevención de agresiones sexuales, la implantación de programas con jóvenes y adolescentes en situación de riesgo y los desarrollados con mujeres embarazadas en situación de especial vulnerabilidad, mujeres con discapacidad o prostituidas y también víctimas de trata con fines de explotación sexual.

En concreto, son 48 los proyectos se aprovecharán de estos recursos de una convocatoria a la que se presentaron 83.

Esta línea de subvenciones refuerza el firme compromiso que el Gobierno autonómico tiene con la promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, abordando esta lacra social desde la prevención con la sociedad más joven, así como desde la atención a las mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y especialmente con las mujeres víctimas.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apuesta también por la evaluación de impacto de sus políticas de apoyo, para lo que pondrá en marcha sistemas de seguimiento e intercambio de información entre las propias entidades y la Administración autonómica en la búsqueda de mayor eficacia y atención integral a colectivos especialmente vulnerables.