PP y Cs avanzan en la futura Ley del Tercer Sector de Castilla y León

Los Grupos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos avanzan para contar con la mejor Ley del Tercer Sector para Castilla y León. Para ello sus dirigentes han mantenido encuentros con los representantes de la Plataforma de este ámbito con el objetivo de reforzar la futura norma.

El portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Raúl de la Hoz, y el portavoz adjunto, Miguel Ángel García Nieto, mantuvieron un encuentro con el presidente de la Plataforma del Tercer Sector en Castilla y León, Juan Pérez Sánchez, al que le indicaron que su formación incluirá entre las suyas las dos enmiendas que la Plataforma.

Las enmiendas vienen a modificar el sistema de concertación con las asociaciones del tercer sector, y se incluirán dentro de las que el Grupo Parlamentario Popular presentará a la ley, que se encuentra en fase de presentación de enmiendas hasta el 25 de mayo de 2021, tal y como informó, en un comunicado remitido a Ical, el PP de Castilla y León.

El proyecto de ley aporta una serie de medidas con respecto al tercer sector entre las que se encuentra la creación de un censo de entidades en Castilla y León, coordinado con el Registro de Entidades de Voluntariado de Castilla y León. También incluye el impulso a los principios de participación social y democrática, como la transparencia o la igualdad, y pone en valor la concertación social como instrumento organizativo de referencia en el trabajo de la administración con estas entidades.

Hay que destacar que el proyecto de ley también blinda los derechos del personal laboral y voluntario sobre sus condiciones de trabajo y salario, así como en cuanto a la formación, igualdad y conciliación, además de la incorporación de principios generales para la evaluación de la actividad de las entidades del tercer sector, siempre dentro de parámetros de control, transparencia y gestión.

En la misma línea, la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alba Bermejo, defendió que la futura Ley del Tercer Sector, que ahora se encuentra de fase de presentación de enmiendas hasta el 25 de mayo, “es inclusiva, participativa y social y estrecha lazos con la sociedad civil”.

Tras reunirse con Juan Pérez Sánchez, en un encuentro en el que también participó la procuradora María Teresa López Gago, puso en valor la futura norma que tiene por objeto regular las relaciones de la Administración pública con el tercer sector y, al mismo tiempo, reformar la ley de voluntariado de Castilla y León.

En la Comunidad, trabajan más de 3.000 organizaciones enfocadas a realizar intervenciones sociales y de voluntariado. “Debemos poner en valor la labor que realizan. Son el alma de este servicio. Una actuación que se ha vuelto fundamental y esencial por el impacto de la pandemia y la crisis económica derivada de ella”, afirmó.

Durante el encuentro, se puso de manifiesto la necesidad de reforzar la colaboración y cooperación entre la Administración y el Tercer Sector, abrir nuevos espacios de diálogo de las administraciones públicas con la sociedad civil a través de las entidades sociales y fortalecer y promocionar el papel de las entidades del tercer sector y el voluntariado.

Entre las medidas introduce el proyecto de ley con respecto a el Tercer Sector Social, destacan: la Creación de un censo de entidades del Tercer sector social de Castilla y León coordinado con el Registro de Entidades de Voluntariado de Castilla y León, el impulso a los principios de participación social y democrática como la transparencia o la igualdad y la puesta en valor de la concertación social como instrumento organizativo de referencia en el trabajo de la Admón. con estas entidades.

Asimismo, se reforzará el trabajo y coordinación con los Centros de Acción Social (CEAS) y dentro de la Red de protección a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León y el Sistema de Servicios Sociales.

Se procederá a la elaboración de un Plan Estratégico para el impulso y promoción del Tercer sector, y se reconocerá el mecenazgo y el patrocinio como fórmulas de colaboración con la iniciativa privada y las entidades sociales.

Además, de blindar los derechos del personal laboral y personal voluntario sobre sus condiciones de trabajo, salario, formación, igualdad y conciliación, y la incorporación de principios generales para la evaluación de la actividad de las entidades del Tercer Sector dentro de parámetros de control, transparencia y gestión conforme a modelos democráticos y de igualdad.

Por su parte, la reforma en materia de voluntariado incluye una nueva definición de la persona voluntaria conforme a la realidad social actual, extensión del régimen de prohibiciones de la acción voluntaria, la inclusión dentro del Estatuto de la persona voluntaria, de una autorización expresa de padres o tutores en jóvenes de entre 12 y 16 años.

Así como, la identificación de la Sección de Voluntariado del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León como órgano consultivo en materia de voluntariado, la introducción del arbitraje y mediación para la resolución de conflictos entre las entidades de voluntariado y las personas voluntarias y el reconocimiento de la acción del voluntariado dentro del ámbito empresarial, institucional, universitario y administrativo (experiencia laboral o vías de educación no formal).