Más de 5.600 autónomos y empresas, pendientes de Hacienda para poder cobrar ayudas directas por la covid

Buenas noticias para más de 5.600 autónomos y peques y medianas empresas de la Comunidad (pymes). Y es que Castilla y León ha remitido un total de 5.661 solicitudes de ayudas directas, de las cuales 740 se han enviado este lunes mismo a la Agencia Tributaria (AEAT), como apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado. Objetivo: seguir apoyando a quienes están sufriendo la caída de sus ingresos a causa de la crisis provocada por la crisis sanitaria del coronavirus.

Cumpliendo el Real Decreto-Ley 5/202 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del la covid, publicado por el Gobierno de España, la Comunidad ha procedido a remitir a la Agencia Tributaria la documentación relacionada con las peticiones de subvenciones directas, a la espera del informe favorable para proceder a su concesión y posterior pago.

Entre los requisitos exigidos en el Real Decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial establecen que el volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración Tributaria en el IVA en 2020 deberá haber caído más de un 30 por ciento con respecto a 2019.

Cuando la Agencia Tributaria certifique que los solicitantes cumplen con los requisitos, la Junta de Castilla y León podrá comenzar a tramitar el pago de las ayudas.

Flexibilizar criterios para aumentar las ayudas

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió el pasado viernes una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, pidiendo una revisión de los requisitos y la flexibilización de los criterios para que más autónomos y pymes puedan acceder a las ayudas directas.

Castilla y León, que ha sido la segunda Comunidad en convocar las ayudas con el objetivo de que lleguen lo antes posible a los autónomos y pymes, está comprobando que el número de solicitudes de ayudas es mucho menor al esperado, o lo que es lo mismo, que son escasas, debido a que no pueden acceder por la rigidez de las condiciones normativas impuestas para su obtención.

Las condiciones del Gobierno de España establecen que las ayudas están limitadas ‘exclusivamente al pago de deudas vivas con proveedores y otros acreedores, o a los requisitos de caída mínima en el volumen de operaciones, o la intensidad de la ayuda sobre la caída adicional respecto de la mínima exigida’. Estos requisitos están “alejados de la realidad que viven los autónomos y empresas más perjudicados por la pandemia y que pueden impedir que las ayudas alcancen los objetivos que las motivaron”, denuncia Fernández Carriedo en la misiva.

Asimismo, la Junta, para facilitar el acceso a las ayudas directas, aumentó hasta los184 sectores de actividad, 89 más que los propuestos por el Real Decreto Ley del Gobierno, lo que ha supuesto incrementar un 94 % las actividades económicas a las que pueden llegar estas ayudas y con ello beneficiar al mayor número de empresarios afectados por la pandemia.

Importe de las ayudas

Respecto a la cuantía de la ayuda, para los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva de tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el límite máximo de ayuda será de 3.000 euros. Por su parte, la Junta, dentro de su margen de decisión, atenderá especialmente al colectivo de pequeños autónomos, empresarios y profesionales.

Para el resto de empresarios y profesionales, sin perjuicio de que se pueda incrementar si hubiera crédito disponible y de forma proporcional a la caída del volumen de operaciones de 2020, el importe inicial será de 4.000 euros.

Tramitación electrónica

La Junta de Castilla y León ha articulado un procedimiento ágil y simplificado para la tramitación de las solicitudes, con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa. Así, en todo el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 6 de julio, mientras que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución se ha fijado en el 31 de diciembre de 2021.