Castilla y León cuida y protege a la infancia

El Gobierno que preside Fernández Mañueco en Castilla y León muestra una vez más su compromiso e implicación en la lucha contra la pobreza, en general, y la infantil, en particular, y destinará 60 millones al año durante los próximos seis para impulsar más medio centenar de medidas que tienen como objetivo proteger a los más pequeños dotando a las familias vulnerables de los recursos necesarios para garantizar su cuidado y educación además de ayudar a los padres a que puedan encontrar un trabajo con el que salir adelante.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras reunirse en Salamanca con los miembros de la sección de Atención y Protección a la Infancia del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, para analizar un documento con las acciones estratégicas que se van a llevar a cabo.

El más de medio centenar de medidas están agrupadas en torno a 19 objetivos específicos y cuatro áreas prioritarias de actuación, que tienen como finalidad principal la prevención y lucha contra la exclusión social de los menores especialmente vulnerables, garantizando su acceso a un conjunto de servicios clave, así como la defensa de sus derechos desde el fomento de la igualdad de oportunidades.

“El reto es asegurar a los pequeños su derecho a la atención sanitaria, a la educación gratuita, inclusiva y de calidad, a la inclusión socioeconómica, y a la igualdad de oportunidades, con viviendas adecuadas y alimentación sana”, destacaba Isabel Blanco, mientras explicaba que al dinero previsto se sumará también el cinco por ciento de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo Plus durante dicho periodo.

“Se trata de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias más vulnerables, pero también de darles una perspectiva de futuro”, decía la consejera, para quien los servicios sociales deben tener una puerta de entrada, pero también una de salida”, valoró la consejera.

Menor población en riesgo de exclusión

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla y León se situaba en el 19,8 por ciento, un 6,6 por ciento por debajo de la media nacional, ubicada en el 26,4 por ciento, de modo que Castilla y León es la cuarta autonomía con el indicador más bajo, solo por detrás de Navarra, el País Vasco y Aragón.

En cuanto a la población infantil, la menor de 18 años era al cierre de 2020 de 342.000 personas, el 14,3 por ciento del total. La tasa de pobreza infantil en Castilla y León se situaba un año antes en el 27,7 por ciento, frente al 29,5 por ciento de España, casi dos puntos por debajo. Asimismo, la población infantil viviendo en hogares con carencia material severa era el 1,1 por ciento, siendo la segunda Comunidad con una menor tasa, 5,4 puntos por debajo de la media nacional, ubicada en el 6,5 por ciento. “A pesar de que nuestras cifras son mejores a la media nacional, siguen siendo altas y tenemos que seguir trabajando”, apostilló Isabel Blanco en este sentido.

Respecto a las características de la población en situación de riesgo, Blanco destacó que Castilla y León presenta también una tasa inferior a la media en cuanto a la población de entre 15 y 29 años con nivel inferior a la segunda etapa de ESO que “ni estudia ni trabaja”, así como en abandono temprano de la educación. En este último caso, en el desglose por género, las mujeres presentan una media superior a la nacional, aspecto al que el presente programa presta “especial atención”, así como a los tipos de hogar con mayor con “mayor riesgo” y a la población de origen extranjera que presenta unas tasas de riesgo “muy superiores a la media”.

Red de Protección

Respecto al análisis de los datos e indicadores que arroja la Red de Protección a las familias, el perfil de los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía revela que el número de personas que están en este 2021 en mayor riesgo de vulnerabilidad no ha experimentado una tendencia al alza con respecto a 2019, dejando al margen el año 2020, extraordinario por los efectos de la pandemia”.

Así, en 2019 las prestaciones económicas de la Red de Protección llegaron a 18.607 personas de la Comunidad, un 1,09 por ciento de la población total, entre las que había 6.642 menores, el 2,17 por ciento. En 2020 estas cifras se situaron en 32.311 personas, el 1,35 por ciento de la población total, de las que 10.967 eran menores, el 3,2 por ciento del total de la población menor de edad. Y hasta el 8 de noviembre de este año, las prestaciones económicas han llegado a 17.959 personas, entre ellas, 5.866 menores.

En cuanto a beneficiarios de la Renta Garantizada, en 2019 fueron 30.007 personas, el 1,25 por ciento del total de la población de Castilla y León, entre ellos, 10.437 menores, es decir, el 3,02 por ciento del total de la población menor de 18 años. En 2020 estos números fueron de 26.529 perceptores totales, el 1,11 por ciento, y 9.270 menores, un 3,2 por ciento del total de la población menor de edad. En los diez primeros meses de este año, la Renta ha llegado a 4.587 menores.

“Lo que sí detectamos en algunas familias es que cuando pasan de percibir la Renta Garantizada al Ingreso Mínimo Vital, abandonan los itinerarios de integración y la demanda de empleo, y se incrementa el absentismo laboral”, advertía la consejera, en declaraciones recogidas por Ical.

Por este motivo, Blanco aseguraba que este programa pretende vincular esta percepción y realizar un seguimiento a las familias. “No se trata de vivir simplemente de lo que me aporta el Ingreso Mínimo Vital,sino conseguir un trabajo”, apuntaba.

Prevención

El programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil, diseñado para los próximos seis años, se marca como gran objetivo prevenir la transmisión intergeneracionalde situaciones de vulnerabilidad, empleando de forma ordenada y alineada toda la red de recursos disponibles, en coordinación con las diferentes administraciones y las entidades del tercer sector.

“Queremos evitar que determinadas situaciones familiares de vulnerabilidad puedan devenir en situaciones de pobreza infantil, garantizando la cobertura de las necesidades básicas y generando perspectivas de futuro”, destacaba la consejera.

En este marco, se plantean como retos particulares garantizar la protección frente a los desahucios de las familias con menores de 18 años, proporcionando a las unidades familiares los recursos y ayudas necesarios para cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda. También, evitar que la pobreza familiar sea causa para la declaración de desamparo, fomentar espacios seguros de crecimiento, favorecer la autonomía de los miembros de unidades familiares con menores de edad, mediante su incorporación al mercado laboral, y coordinar el conjunto de medidas planificadas en el programa.

En el listado de medidas “de inminente aplicación” se encuentran la implementación, en 2022, de una ayuda a domicilio a las familias vulnerables con menores para apoyar su cuidado y reforzar su calidad de vida, que incluirá apoyo educativo, o la revisión normativa de la Renta Garantizada de Ciudadanía para vincular su percepción a la lucha contra el absentismo y el abandono escolar tempranos.

Para ello, Blanco avanzaba que se realizarán itinerarios formativos, a partir de los tres años, para “evitar la salida de las aulas de los más pequeños”.

Asimismo, la consejera anunciaba la puesta en marcha de una red de coordinación con las corporaciones locales y entidades del tercer sector social, que aborde de manera más efectiva la pobreza infantil, además de potenciar el intercambio de información entre las instituciones, aplicando la tecnología y la innovación a los servicios sociales.

Además de las consejerías implicadas, en este seguimiento van a participar también la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMP), la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León y EAPN y, en el ámbito provincial, las gerencias territoriales de servicios sociales, a través de la Red Centinela de atención y protección a la infancia.

El programa de actuaciones estratégicas para prevenir y combatir la pobreza infantil en el apartado de educación articula 22 medidas y ocho objetivos concretos, que confluyen en uno general: atender a la diversidad del alumnado para afianzar la igualdad de oportunidades en la escolarización en la infancia y reducir las tasas de abandono y fracaso escolar, especialmente, de los niños más desfavorecidos. Se prevén actuaciones para “evitar la segregación en los centros educativos” o “proporcionar al menos una comida saludable al día durante el periodo escolar”.

Garantizar la prevención y promoción de la salud en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social a través de medidas de protección integral es el reto general marcado en el ámbito sanitario, donde se programan tres medidas y otros tantos objetivos específicos.

En el eje destinado a la vivienda, que incluye 18 medidas y cinco objetivos específicos, se persigue garantizar que ningún niño, adolescente o joven viva en una vivienda que no reúna las condiciones de habitabilidad, facilitando el acceso a viviendas dignas, seguras y asequibles. De ahí que, entre los objetivos más específicos, figure el de proporcionar a las unidades familiares los recursos y ayudas necesarios para cubrir sus necesidades básicas en materia de vivienda y fomentar espacios seguros en las zonas urbanas y rurales.

Proceso participativo

El documento presentado hoy está alineado con la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia y, en especial, con la Garantía Infantil Europea, y es fruto de un amplio proceso de diálogo y participación, con cuatro hitos relevantes.

El primero fue la constitución de un grupo de trabajo en el Consejo de Servicios Sociales, en enero de 2020, para la detección de situaciones de maltrato en la infancia, en el que se han implicado entidades del tercer sector como la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León (Poicyl), entidad que engloba a la gran mayoría de las entidades que trabajan en la Comunidad con menores, la Red de Jubilados y Pensionistas, Cruz Roja, CermiCyL y la Red Europea contra la Pobreza.

Posteriormente, se creó otro grupo promovido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, con la participación de otras áreas de la Junta, como Sanidad, Educación y Fomento y Medio Ambiente, con la meta de establecer los objetivos específicos de este programa de actuaciones y definir las medidas. De forma paralela, y de la mano con Poicyl, se llevó a cabo un diagnóstico de la situación y concreción de los principales ejes que debía recoger la estrategia.

Finalmente, se organizó un proceso de participación infantil, mediante una consulta a través de seis de las entidades que conforman la plataforma Poicyl, en la que participaron un total de 108 niños, de los que 55 eran chicos y 53 chicas, de entre ocho y 17 años, de las provincias de León, Segovia, Salamanca, Palencia y Valladolid, realizando aportaciones sobre cómo reducir el abandono escolar y combatir la pobreza infantil para reducir el número de niños y niñas que lo sufren.

Protesta de veterinarios y farmacéuticos

Por otra parte, un grupo de profesionales sanitarios, especialmente compuesto por veterinarios y farmacéuticos, que se encuentra encerrado desde ayer en la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca, aprovechaba la visita de la consejera para exhibir sus exigencias a Isabel Blanco, quien escuchó sus reivindicaciones de camino a la presentación del programa autonómico para luchar contra la pobreza infantil en Castilla y León.

Aproximadamente, una decena de representantes de la Unión Sindical de Castilla y León (Uscal), ataviados con chalecos y tras un pancarta que rezaba: “Contra la precariedad laboral en el sector público. Hay que consolidar personas, no plazas”, se dirigieron a la consejera a su paso por el hall de entrada de la Delegación, ubicada en la calle Príncipe Vergara de la capital del Tormes.

Estos profesionales sanitarios aseguran estar hartos de la “discriminación crónica” a la que, en su opinión, les somete la Junta. Aseguraron, además, que permanecerán en este lugar de forma indefinida y como continuación a los encierros protagonizados en Valladolid y Zamora.

En concreto, Uscal acusó de “insensibilidad y falta de compromiso” a la Junta de Castilla y León en los procesos de estabilización en el empleo, que se están llevando a cabo a lo largo de este ejercicio y especialmente por el incumplimiento de la Directiva del Consejo de Europa y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.