Un plan ambicioso para no dejar a nadie en la estacada y dinamizar la economía

Dicho y hecho. Como ya anunciara Fernández Mañueco durante su investidura en las Cortes, el Gobierno de coalición de PP y Vox que preside el líder popular se estrena con un ambicioso y completo plan para hacer frente a la crisis económica actual -que ya venía desde la pandemia pero que con la inflación y la invasión rusa en Ucrania se ha agravado-, que cuenta con una veintena de ejes y 75 medidas por valor de 470 millones de euros y está abierto a nuevas medidas en función de la situación de cada momento.

Si bien, esta cantidad, que incluye los casi 200 millones procedentes de la sentencia del Tribunal Supremo acerca de la liquidación del IVA de 2017 impagada por Sánchez pero que ya ha sido ingresada, tendría la posibilidad de ampliarse con 335 millones más con nuevas rebajas fiscales que dependen del Gobierno y a las que se comprometió en la última conferencia de presidentes, como reducir el IVA de los combustibles o un IVA superreducido a la electricidad y el gas, o también mediante un fondo extraordinario para financiar servicios públicos con los que atender a los refugiados ucranianos que la Junta reclama a Pedro Sánchez al igual que el aprovechamiento de los remanentes de las ayudas empresariales que se dieron por la pandemia de la covid que se quedaron sin ejecutar ni repartir “por la rigidez de las mismas”.

“No hay excusa para dejar en la estacada a la gente o no dinamizar la economía y fomentar el ahorro o la inversión”, destacaba el presidente de la Junta durante la presentación del Plan en compañía del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y mientras ponía en valor que incluye la mayor rebaja de impuestos de la historia de la autonomía de Castilla y León, además de dejar a la Comunidad con el segundo tipo mínimo del conjunto autonómico.

“No es útil ni se puede recaudar de más cuando las familias y las empresas están sufriendo”, afirmaba el presidente.

De hecho, el documento incluye una reducción del tramo autonómico del Impuesto de la renta a las Personas Físicas (IRPF) del 9,5 al 9 por ciento, que tendrá un impacto anual de 20 millones menos de recaudación para las arcas regionales que se quedarán en el bolsillo de los ciudadanos -que serían 80 millones en caso de completarse la legislatura de cuatro años-, y unos 35 euros de ahorro anual para cada contribuyente.

El jefe del Ejecutivo regional aseguraba que esta medida será retroactiva a este año, que se aprobará antes de que termine este 2022 pero reconocía que para que surta efecto esta bajada ha de modificarse la ley tributaria, cuya tramitación se iniciará en los “próximos días”, con el objetivo de que llegue a las Cortes y se apruebe lo antes posible. Si bien, admitía también que no será hasta 2023 en el momento que los contribuyentes hagan su declaración de la renta cuando tenga su efecto práctico.

Asimismo, el documento recoge otras importantes rebajas fiscales dirigidas a los que viven y trabajan en los pueblos o tienen en mente una idea empresarial en ellos, por valor de 15 millones de euros que estima que favorecerá a 275.000 personas; otros 45 millones de euros en ayudas para las familias vulnerables de la Comunidad, en coordinación con las corporaciones locales, para ayudar a quienes peor lo están pasando; la exención durante tres meses de pagar las tasas de titularidad autonómica ni el colectivo de transporte en carretera ni los servicios veterinarios; incrementar durante tres meses un 15 por ciento el importe de la Renta Garantizada de Ciudadanía; y nuevas ayudas a la natalidad en función del número de hijos, con un máximo de 2.500 euros por vástago.

Igualmente, la Junta aumentará las ayudas para desplazamientos derivados de la asistencia sanitaria y se aumentarán las indemnizaciones por razón de servicio a los empleados públicos, mientras que en materia de empleo, el plan contempla medidas por valor de 20 millones para actuaciones de formación y cualificación y la apuesta por la promoción y la contratación de menores de 30 años.

“Este es el primer día de trabajo de este gobierno del que se están diciendo tantas cosas, y lo primero que ha hecho ha sido generar más derechos económicos y sociales para las personas de Castilla y León”, defendía Mañueco.

Mañueco destacaba también las ayudas al campo, como el adelanto de las ayudas de la PAC, o subvenciones directas por valor de diez millones, sobre todo para el sector ganadero, que se suman a los 30 millones el Gobierno y la Unión Europea.

En materia de transportes, el Gobierno de PP y Vox abonará nueve millones ante el aumento de costes derivado del crecimiento de los precios de los carburantes habilitando para ello y de manera urgente una nueva línea para la financiación de las Estaciones de Servicio para que puedan hacer frente al anticipo que deben adelantar al consumidor por litro de combustible. Así, se bonificarán préstamos de entre 6.000 y 300.000 euros para autónomos y microempresas, y hasta 700.000 euros para el resto.

Y también en el ámbito energético se destinarán 60 millones de euros más para repartir entre empresas y familias con el objetivo de que puedan ver reducida su factura energética.

Plan trabajado con Vox

Un plan del que Fernández Mañueco desvelaba que llevaban semanas trabajando en él codo con codo con Vox de forma paralela al acuerdo de gobernabilidad y composición del Ejecutivo, un partido con el que afirmaba, contundente, que mantiene una relación “absolutamente cordial, constructiva, con ánimo integrador” porque pese a los que les puede separar en lo político o en lo personal a todos los que conforman el Gobierno, comparten el objetivo de actuar “con eficiencia, cercanía y rapidez” en beneficio de Castilla y León y sus ciudadanos.

Por otra parte, Mañueco confirmaba que este año se mantendrá la prórroga presupuestaria aprobada tras la disolverse las Cortes y convocarse elecciones, así como que las generaciones de crédito financiadas con cargo a los fondos europeos de Nueva Generación permitirán acercarse a los 12.800 millones de euros, en lugar de a los 12.300 de referencia.

Además, el presidente avanzaba que la Junta ya trabaja en las Cuentas de 2023 cuyo proyecto de Ley espera tener listo en octubre como marca el Estatuto de Autonomía como fecha límite para su presentación e iniciar después su tramitación y aprobarse en las Cortes antes de fin de año.