Se reabre el debate sobre los derechos al final de la vida

Se espera una legislatura singular en las Cortes de Castilla y León, en la que los dos socios de Gobierno, PP y Vox, pondrán de manifiesto durante los debates sus posturas enfrentadas en según qué temas, que pondrán en el disparadero al Gobierno de coalición aunque desde ambas formaciones intenten quitar hierro al asunto y defiendan la solidez del Ejecutivo y del pacto alcanzado.

Pues esto es lo que ocurría este miércoles en dos ocasiones durante la segunda sesión, la de acción de la Junta, del primer periodo de sesiones que ha comenzado esta semana y se prolongará hasta la víspera de la época navideña.

La primera, en la iniciativa de Vox en materia energética para, entre otras cosas, reclamar a Sánchez un Plan Nacional de Soberanía Energética, la derogación del decreto- ley de medidas de ahorro; actualizar el parque de generación nuclear o paralizar el desmantelamiento de centrales térmicas. Una iniciativa que no salía adelante en su totalidad debido al rechazo del PO a algunos puntos. los populares se aliaban con la oposición para frenar la exigencia de este plan nacional de soberanía energética o la puesta en marcha de nuevas centrales nucleares.

Si bien, el PP apoyaba extender la vida útil de las centrales nucleares si es viable y seguro, o para pedir la derogación de la prohibición vigente de la exploración del subsuelo en busca de hidrocarburos, conocida como «fracking».

Mientras que el segundo encontronazo de la jornada llegaba en el debate de la proposición de Ley de derechos al final de la vida, que superaba el primer corte y avanzaba en su trámite parlamentario con el apoyo del PP, a pesar del informen negativo de la Junta, y «no» rotundo de Vox, que ve en esta ley un peligro para la dignidad y la considera «aliada» de la eutanasia.

Desde filas populares, PalomaVallejo defendía los derechos a tener una muerte digna además de información y cuidados paliativos y explicaba que su sí a la toma en consideración de la proposición de ley fue por «coherencia» con la posición que mantuvo en la pasada legislatura cuando aprobó el proyecto que lideró junto a Cs, su entonces socio de Gobierno.

Francisco Igea, portavoz de Cs, defendía que la propuesta se apoya en el respeto a la autonomía y la voluntad de las personas en el proceso final de su vida; ofrece una información asistencial completa, clara y comprensible y al derecho a la toma de decisiones; y, además, da una respuesta legal a los sanitarios.

La proposición inicia ahora la fase de enmiendas de los grupos además de su debate en ponencia y comisión.